Astillero
Por Julio Hernández
El Partido del Trabajo (PT) anunció de manera unilateral, sin confirmación en lo inmediato de Morena, el arribo a un acuerdo para realizar una nueva “medición” en Michoacán entre Carlos Torres, originalmente designado para la “coordinatura” (coordinación y candidatura al gobierno), y su principal opositor, acuerpado por el PT, el senador guinda Raúl Morón.
Según lo declarado a reporteros por Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados petistas, el acuerdo en mención se cerró con “Citlalli” y “Ariadna”. Habrá de verse si hoy las dirigentes de Morena confirman tal arreglo. Hasta ahora ha sido inflexible la postura de sostener las 17 “coordinaturas” inicialmente dadas a conocer, a pesar de impugnaciones notables, pero no únicas, en Nuevo León, por parte de Tatiana Clouthier contra Clara Luz Flores; en Chihuahua contra Cruz Pérez Cuéllar, quien fue dirigente estatal panista y está rodeándose de personajes cargados también a la derecha, y Michoacán, con Morón en rechazo a la postulación del ex fiscal Carlos Torres, carta apoyada por el gobernador saliente, Alfredo Ramírez Bedolla, y en Zacatecas, contra la persistencia monrealista con Verónica Díaz.
En caso de que Morena ratifique lo proclamado por el PT (y que no implica necesariamente el cambio de Torres por Morón; sobre todo si se considera el empuje del gobernador en turno para dejar al primero como sucesor) se estaría cerrando la puerta de las disidencias internas de la 4T respecto a las postulaciones de mandatarios estatales.
Sandoval puntualizó que “la medición (en Michoacán) es el costo para ir juntos y ahí es una situación especial”. La única excepción sería San Luis Potosí, donde el Verde iría con la candidatura (probablemente nepótica) decidida por el gobernador Ricardo Gallardo, y el PT no pudo sostener la postulación de Gerardo Sánchez Zumaya, prófugo luego de que autoridades federales le acusaron de enriquecimiento empresarial corrupto.
A pesar de todas las evidencias gráficas y los testimonios ante medios de comunicación de la mayoría de los detenidos el pasado 11 de octubre en Guadalajara durante una manifestación en demanda de agua limpia y salubre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) informó ayer al congreso del estado “que en presencia del personal de la CEDHJ, no se tuvo conocimiento o presenció actos que de manera preliminar puedan ser calificados como actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes; sin embargo, sí se recabó información sobre un posible uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de seguridad en contra de los manifestantes”.
La comisión jalisciense establece (¿confiesa?): “Por lo que ve a posibles dictámenes bajo el protocolo de Estambul, se puntualiza, que debido a que durante la integración de la queja y el acta de investigación antes referidas no se recabaron, recibieron, ni adjuntaron pruebas y o quejas sobre presuntos actos de tortura, así como ante el escaso tiempo que otorgó la CNDH, entre el ejercicio de la facultad de atracción y la entrega del expediente y de la información recabada (ocho días, anotación astillada), no se ordenó la práctica de estos estudios”.
La lógica de la comisión presidida por Luz del Carmen Godínez González es impecablemente naranja: si los equipos de la CEDHJ no vieron nada, y no hubo evidencias de maltratos y tortura adentro de la Casa Jalisco, ni en la Fiscalía Estatal de Jalisco, a donde luego 39 personas fueron trasladadas, incomunicadas y amenazadas para que no denunciaran nada cuando fueran liberadas, la multicitada comisión consideró adecuado “no practicar” estudios clave ni realizar mayor esfuerzo justiciero.
Eso sí, la virtual exoneración local de la CEDHJ respecto a actos del gobierno de Pablo Lemus y otras autoridades subordinadas, transfiere la palabra postrera a la comisión nacional, presidida por Rosario Piedra, que ejerció la facultad de atracción sobre el caso: “la determinación final sobre la acreditación y calificación de violaciones a derechos humanos corresponderá a la CNDH”. ¡Hasta el próximo lunes!
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