Ciudad de México, 19/11/26 (Más).- El Gobierno de la Ciudad de México ha recaudado más de 30 mil millones de pesos por autorizaciones otorgadas a más de 30 proyectos inmobiliarios desde octubre de 2024, mientras la crisis de vivienda continúa obligando a miles de personas a abandonar la capital por los altos costos de renta y la falta de opciones accesibles.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque, informó que las autorizaciones corresponden a proyectos inmobiliarios que no necesariamente están destinados a vivienda y destacó que los procedimientos administrativos han reducido sus tiempos de resolución.
El funcionario señaló que durante este año se aprobó un desarrollo de más de 100 mil metros cuadrados de construcción en un periodo de 12 meses, lo que, aseguró, refleja una mayor eficiencia en los trámites y certidumbre para los inversionistas privados.
Sin embargo, el crecimiento inmobiliario contrasta con las dificultades habitacionales de la población. Según los datos expuestos durante un conversatorio organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, alrededor de 100 mil personas abandonan cada año la capital por no poder pagar una renta o adquirir una vivienda, principalmente para trasladarse al Estado de México.
María Silvia Emanuelli, coordinadora regional de la Coalición Internacional para el Hábitat para América Latina, advirtió que cerca de dos millones de personas rentan una vivienda en la capital y algunas destinan hasta 44 por ciento de sus ingresos al pago de alquiler. Agregó que esta situación afecta especialmente a los jóvenes, quienes enfrentan dificultades para independizarse.
La especialista señaló que quienes logran dejar el hogar familiar lo hacen, en promedio, a los 29 años y frecuentemente deben conformarse con espacios habitacionales de aproximadamente 30 metros cuadrados, debido al elevado costo de los inmuebles.
Por su parte, Irazoque reconoció que la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no resolverá por sí sola la gentrificación. También admitió la necesidad de actualizar los instrumentos de planeación urbana, algunos de los cuales tienen más de tres décadas de antigüedad.
Durante el encuentro, el diputado local Royfid Torres González señaló que los nueve mil millones de pesos destinados este año a vivienda asequible representan un esfuerzo insuficiente frente a las necesidades de la ciudad. Indicó que la meta anual es alcanzar 40 mil viviendas, mientras que las estimaciones presentadas contemplan 10 mil públicas y cinco mil privadas.
El legislador también mencionó un déficit acumulado de aproximadamente 800 mil viviendas y planteó la necesidad de ampliar progresivamente los recursos públicos, además de establecer mecanismos para facilitar el acceso individual a una vivienda digna, sin depender de organizaciones o intermediarios.
Finalmente, Dolores González Saravia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, sostuvo que la regulación de las rentas debe integrarse a una política más amplia que incluya planeación territorial, construcción y conservación de vivienda asequible y protección del arraigo comunitario, ante el incremento de los alquileres, la especulación inmobiliaria y el desplazamiento de habitantes.
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