Greenpeace México se sumó a las comunidades Mayo-Yoreme y organizaciones ambientalistas que exigen cancelar la megaplanta de amoniaco de Topolobampo, Sinaloa, por sus posibles impactos en la Bahía de Ohuira. Los opositores alertaron sobre riesgos para la salud, los manglares, la biodiversidad y la pesca, además de denunciar daños en humedales y hostigamiento contra defensores del territorio
Ciudad de México, 25 jul (EFE).– La organización ambientalista Greenpeace México expresó el viernes su rechazo a la construcción de una megaplanta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, al advertir graves riesgos para la salud pública y el ecosistema marino de la Bahía de Ohuira.
El organismo se sumó, en un comunicado, a la defensa territorial y medioambiental iniciada por comunidades indígenas Mayo-Yoreme y colectivos locales en contra del proyecto a cargo de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo-alemán Proman.
La pesca artesanal y la biodiversidad marina del humedal, catalogado como Sitio Ramsar de importancia internacional, están bajo amenaza por el proyecto, que produciría hasta 800 mil toneladas anuales de amoniaco anhidro, químico que altera los ecosistemas acuáticos, acidifica el suelo y contamina la atmósfera.
La Bahía de Ohuira es el hábitat de varias especies autóctonas de la región como ballenas, delfines, moluscos o peces y es además un semillero de larvas de diferentes animales que se podrían ver afectados tanto por la construcción como por la operación de la planta de amoniaco.
Ante la insistencia de la empresa por continuar con la obra, la asociación envió misivas directas a los directivos del Grupo Proman y al banco alemán KfW IPEX-Bank para exigir la detención de los trabajos y el retiro del financiamiento económico del proyecto.
La corporación a cargo del proyecto solicitó un encuentro con la organización civil para abordar los señalamientos ambientales y sociales, lo que ocurrirá el próximo lunes 27 de julio.
A pesar de la inminente reunión, Greenpeace llamó al Gobierno de México a cancelar este megaproyecto y frenar la aprobación de infraestructuras vinculadas a combustibles fósiles que comprometan los derechos de los pueblos originarios.
De acuerdo con información de medios nacionales y organismos ambientales, la resistencia es encabezada por comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos, agrupadas en el colectivo “¡Aquí No!”, cuyos integrantes sostienen que el proyecto representa riesgos para la Bahía de Ohuira, los manglares y la actividad pesquera de la región.
Las movilizaciones se intensificaron durante junio de 2026. El 7 de ese mes se realizó una marcha de resistencia desde Los Mochis hacia Topolobampo, mientras que el 14 de junio integrantes de comunidades indígenas establecieron una toma pacífica e indefinida en el acceso a la planta para exigir la cancelación definitiva del proyecto.
Los opositores denuncian que durante el desarrollo de la obra se han talado manglares y rellenado alrededor de 28 hectáreas de humedales dentro de la Bahía de Ohuira, considerada un ecosistema de alto valor ambiental por su biodiversidad y su importancia para la actividad pesquera.
Asimismo, defensores del territorio han denunciado presuntos actos de hostigamiento, vigilancia, amenazas e intentos de desaparición, además de señalar que el proyecto ha provocado división entre las comunidades por diferencias respecto a su desarrollo.
Por su parte, el Gobierno de México ha reiterado su respaldo a la construcción de la planta. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la obra presenta un avance cercano al 95 por ciento y la considera estratégica para fortalecer la producción nacional de fertilizantes y reducir la dependencia de importaciones.
El Ejecutivo federal sostiene que el proyecto fue sometido a estudios de impacto ambiental y a un proceso de consulta pública, además de mantener abiertas mesas de diálogo con comunidades y organizaciones para revisar inquietudes y las medidas de mitigación ambiental.
En el ámbito estatal, el gobernador con licencia Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha defendido la continuidad del proyecto al asegurar que cuenta con los permisos y licencias establecidos por la legislación mexicana. También ha destacado la inversión prevista y el impacto que tendría en la industrialización, la generación de empleos y el desarrollo económico de la entidad.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció inspecciones para verificar el cumplimiento de las condicionantes ambientales impuestas al proyecto y confirmó la instalación de mesas de diálogo con habitantes de Ohuira y Topolobampo.
En contraste, diversas organizaciones ambientales mantienen su rechazo a la obra. Entre ellas se encuentran el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Alianza Mexicana contra el Fracking, Wildlands Network Programa México y Greenpeace México, las cuales han solicitado la cancelación del proyecto por los posibles impactos sobre la Bahía de Ohuira y el sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira.
Los grupos ambientalistas advierten que una eventual fuga de amoniaco podría representar un riesgo para la población cercana y afectar gravemente la biodiversidad, los manglares y la actividad pesquera de la zona, de la que dependen numerosas familias.
Entre los antecedentes del caso destaca la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021, que determinó que el proyecto inició sin garantizar plenamente el derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, por lo que ordenó reponer ese procedimiento conforme a los estándares legales. Mientras continúan las protestas y el diálogo entre autoridades y comunidades, la construcción de la planta de amoniaco permanece como uno de los proyectos de infraestructura más controvertidos del país por el debate entre desarrollo industrial, protección ambiental y derechos de los pueblos indígenas.
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