Habitantes de Oaxaca salieron por primera vez a las calles para protestar contra la gentrificación, entre sus denuncias está el despojo, por ejemplo, del agua potable; el gobierno local calificó a los manifestantes y a la marcha de “racista”
REDACCIÓN MÁS / IA
El pasado sábado, la capital de Oaxaca se convirtió en el escenario de una protesta impulsada por colectivos y ciudadanos que exigían la regulación inmediata de las prácticas arrendatarias que han disparado los costos de vivienda y afectado las condiciones de vida de la población local.
La manifestación, que abordó el fenómeno global de la gentrificación turística, denunció la falta de servicios básicos, los costos excesivos de vivienda y las condiciones precarias de trabajo que han afligido a la población de este estado.
La respuesta gubernamental no se hizo esperar. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a seis activistas bajo la acusación de «disturbios» y daños a establecimientos en el centro histórico de la capital.
Estos activistas, posteriormente identificados como Filadelfo Desiderio Aldaz, Meztli Hernández Jiménez, Ricardo Martínez, Antonio Díaz Mirón, Ruth Díaz y Nizayeéjh Chávez, fueron liberados entre 24 y 48 horas después de su detención, pero el proceso fue marcado por la arbitrariedad y denuncias de uso excesivo de la fuerza.
El gobernador morenista Salomón Jara Cruz, en una conferencia de prensa, desestimó la protesta, acusándola de promover el odio contra los extranjeros y calificándola de racista. Enfocándose en los mensajes pintados durante la marcha, Jara Cruz equiparó la lucha de los manifestantes con el racismo repudiable de figuras históricas como Adolf Hitler.
Sin embargo, los participantes insisten en que la protesta tiene como objetivo frenar la mercantilización de la cultura y la transformación injusta y desigual de la ciudad.
Bajo la consigna «Oaxaca no es mercancía», la protesta reunió a ciudadanos de diferentes colonias y barrios, denunciando la falta de agua, servicios básicos y la pérdida de viviendas debido a la gentrificación. Los manifestantes, con música de banda, marmota y pancartas, exigieron el alto al despojo de bienes y cultura. Las consignas «fuera Airbnb de Oaxaca» y «fuera gringos» se hicieron evidentes en las paredes pintadas durante la marcha.
La detención de los seis activistas no pasó desapercibida. Meztli Hernández Jiménez y Nizayeéjh Chávez fueron liberadas el domingo por la mañana, gracias a la presión ejercida por colectivas feministas que exigieron su libertad inmediata.
El proceso judicial de los cuatro activistas restantes fue cuestionado por su aparente carácter político, prolongando sus declaraciones más allá de lo razonable.
La abogada Erika Lili Díaz Cruz acompañó la declaración de los detenidos, señalando que el delito de daños en propiedad ajena, aunque no grave, requería una fianza y un proceso irregular. Finalmente, el lunes por la noche, se anunció la liberación de las cuatro personas restantes al retirarse los cargos en su contra.
Esta protesta representa la respuesta de la población oaxaqueña al acelerado cambio social y económico causado por la inversión inmobiliaria y la turistificación.
La falta de regulación en los costos de renta ha obligado a familias enteras a mudarse a las periferias, mientras que el territorio se ve invadido por negocios extranjeros que explotan los recursos culturales y naturales del estado.
Empresas de moda, cadenas de streaming y empresarios de la industria del mezcal han llegado a Oaxaca, generando disgusto entre los habitantes locales al atentar contra su economía, ecosistemas y prácticas culturales.
La población sostiene que no se trata simplemente de escasez, sino de un despojo que afecta tanto a la economía como a la identidad cultural de los pueblos oaxaqueños. La lucha contra la gentrificación turística en Oaxaca continúa, marcando una resistencia contra la mercantilización de su territorio y la amenaza a sus formas de subsistencia.
Con información de Animal Político
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