Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 19/05/26 (Más).- Una propuesta de reforma a la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable propone sancionar el traslado de trabajadores en cajas, plataformas, redilas o áreas de carga de camionetas y vehículos no acondicionados para el transporte de personas, al considerar que esta práctica representa un riesgo para la vida y la integridad de quienes son movilizados hacia obras, parques industriales o centros laborales.
La iniciativa fue presentada por la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), quien planteó reformar diversos artículos de dicha legislación para incorporar el concepto de “seguridad en la movilidad laboral” y prohibir expresamente que vehículos destinados a carga sean utilizados para transportar personas en condiciones inseguras.
La legisladora sostuvo en la exposición de motivos que en municipios como Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón, Monclova y Piedras Negras es frecuente observar cuadrillas de trabajadores trasladadas en camionetas improvisadas, sin asientos, cinturones de seguridad ni protección contra accidentes, expuestas además a condiciones climáticas extremas y maniobras de riesgo.
“Cuando una persona trabajadora es transportada en la caja de una camioneta, sin protección y como si fuera carga, se rompe el principio más básico de una movilidad humana: ninguna persona debe ser tratada como mercancía”, expuso la legisladora.
La propuesta establece que el servicio especializado de transporte de personal deberá prestarse únicamente en unidades diseñadas, autorizadas y acondicionadas para el traslado seguro de pasajeros, quedando prohibido el uso de cajas, plataformas, redilas o bateas para movilizar trabajadores.
Además, plantea multas de entre 21 y 100 veces la unidad de medida y actualización (UMA) vigente, equivalentes actualmente a 2 mil 463.51 y 11 mil 731 pesos, para operadores que transporten personas en esas condiciones, así como sanciones de entre 50 y 200 UMAs, equivalentes a 5 mil 865.50 y 23 mil 462 pesos, para concesionarios o permisionarios que ordenen, permitan o toleren dichas prácticas, incluyendo el retiro de circulación de los vehículos involucrados.
La iniciativa argumenta que la problemática no sólo involucra movilidad y tránsito, sino también derechos humanos, trabajo digno y seguridad laboral, especialmente porque muchas de las personas trasladadas de esta manera laboran en condiciones precarias o dependen de contratistas que deciden cómo serán movilizadas a las obras o centros de trabajo.
Como parte de la justificación, la diputada citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que reportan más de 374 mil accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas del país durante 2024, además de referencias de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo sobre los riesgos laborales y de movilidad.
La reforma también prevé que autoridades estatales y municipales coordinen acciones con empresas, contratistas y sectores productivos para garantizar transporte seguro de personal, bajo el argumento de que el desarrollo industrial y urbano del estado no debe sostenerse sobre traslados inseguros para los trabajadores.
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