Por Héctor García Álvarez
Saltillo, Coahuila, 01/04/25 (Más).- El diputado Gerardo Aguado Gómez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una propuesta legislativa para la protección de niñas, niños y adolescentes en zonas afectadas por el crimen organizado y el reclutamiento forzado.
La iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación por el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos delictivos, la violencia en comunidades vulnerables y la falta de acceso a educación y seguridad.
Durante la discusión parlamentaria, diversos legisladores manifestaron su apoyo a la medida, destacando la urgencia de implementar estrategias que salvaguarden la vida y el futuro de la infancia en riesgo.
El proyecto contempla la creación de refugios seguros para menores en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de alejarlos de entornos violentos y ofrecerles estabilidad y protección. Estos refugios contarán con apoyo psicológico, asesoría legal y programas de reintegración familiar o adopción en casos donde los niños no puedan regresar con sus familias.
Durante la sesión se explicó que los grupos delictivos utilizan la oferta de oficios para captar la atención de adolescentes, acompañadas de promesas de buenas prestaciones y salarios por encima del promedio, e incluso con oferta de hospedaje en algunos casos. Estas propuestas terminan siendo imposibles de rechazar.
Se recalcó que estas prácticas ocurren con mayor frecuencia a través de redes sociales. Estas situaciones llevan a los jóvenes a reunirse en puntos de encuentro donde son secuestrados para ser reclutados de manera forzada.
En la propuesta se incluye, además, mecanismos para implementar programas educativos y de reinserción social que permitan a estos niños y adolescentes reconstruir su vida lejos de la influencia de grupos delictivos. Estos programas incluirían capacitación laboral, becas de estudio y apoyo a madres solteras o familias en riesgo de ser cooptadas por el crimen organizado, así como la detección temprana de publicaciones en medios digitales que funcionen como estafas para el reclutamiento forzado.
Otro de los ejes fundamentales de la iniciativa es la coordinación entre fuerzas de seguridad, organizaciones no gubernamentales y autoridades locales, con el fin de establecer estrategias conjuntas que refuercen la prevención del delito y la protección infantil. Se busca fortalecer los sistemas de alerta temprana para identificar a menores en riesgo y prevenir su reclutamiento forzado.
Asimismo, se plantea un endurecimiento de las penas para quienes recluten menores en actividades criminales, con el objetivo de desincentivar esta práctica y castigar de manera ejemplar a los responsables. La iniciativa también prevé el monitoreo de redes de trata y explotación infantil, mediante tecnología avanzada para rastrear y desmantelar estas estructuras delictivas.
La propuesta ha sido respaldada por el Congreso, con legisladores subrayando la necesidad de una acción inmediata. Se aseguró que se buscarán consensos para garantizar su aprobación y puesta en marcha. Según declaraciones de Gerardo Aguado Gómez, el plan podría financiarse mediante una reasignación presupuestaria dentro de los fondos destinados a seguridad pública y asistencia social, evitando afectar otros programas esenciales.
Se espera que la iniciativa sea discutida en las próximas semanas, donde se definirán los detalles técnicos y financieros del programa.
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