Por Miguel Villarello
Saltillo, Coah., (MAS Información).- Alertado por las recientes desapariciones de jovencitas y feminicidios en Nuevo León, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado propuso fortalecer el programa de cámaras de vigilancia urbana como medida de protección y prevención del delito de desaparición forzada en el estado.
Lo anterior durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado y donde, específicamente, la diputada Mayra Valdés González planteó en tribuna que se exhortara a los 38 alcaldes de la entidad a colocar cámaras urbanas y rurales en puntos clave para ayudar a prevenir la desaparición forzada de personas.
En su defecto, aclaró, “que los ayuntamientos que ya cuenten con este sistema lo refuercen o den mantenimiento para su correcto funcionamiento”.
En su exposición de motivos la legisladora expresó que la Comisión Nacional de Búsqueda informó que en México hay un total de 20 mil 148 mujeres desaparecidas o no localizadas, la mayoría de entre 15 y 19 años.
“México es un país donde tenemos ya casi 100 mil personas desaparecidas, la quinta parte son mujeres y creo que es importante recordar que muchas de las que son reportadas como desaparecidas, aparecen después víctimas de un feminicidio”, se precisa en el documento que se presentó en el pleno del Congreso Local.
La diputada panista propuso que las cámaras de videovigilancia no solo sirven para prevenir delitos sino también para esclarecer casos de desaparición forzada y recordó que ya en muchas ocasiones las grabaciones han sido una herramienta fundamental para conocer los paraderos de personas desaparecidas.
“Sin embargo, de nada sirve presumir que se instalan un cierto número en lugares determinados si no son funcionales, por ello es necesario que haya cámaras y que todas funcionen, este es un paso fundamental para lograr actuar de inmediato ante una desaparición”.
Aunque la diputada olvidó proponerlo como de urgente y obvia resolución, el documento fue inscrito en el diario de debates por instrucciones del presidente de la mesa directiva y trasladada a la Comisión de Seguridad para su estudio.
Otra propuesta que tenía que ver con la libertad de expresión y violencia política de género fue expuesta por la UDC, sin embargo, ésta no tuvo eco por lo que se desechó.
A través del documento la diputada Yolanda Elizondo Maltos pidió el cese de lo que consideró como una campaña de difamación y de violencia política de género emprendida en diversos medios de comunicación de la región Carbonífera y Norte contra la alcaldesa de Múzquiz Tania Vanessa Flores Guerra, quien fuera en 2021 diputada propietaria integrante de la LXII Legislatura.
Se trata de actos difamatorios en su contra, pues la atacan en su vida privada y eso es violencia política de género, expresó la diputada; “basta con abrir un periódico, una red social o en alguna página de un medio informativo virtual y esta violencia política de género, afecta el derecho humano de la presidenta municipal de Múzquiz”.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Gobernación y Justicia.
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