Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 11/11/2025 (Más).- La diputada local Zulmma Guerrero Cázares, del partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), presentó una iniciativa para armonizar la legislación estatal con la reciente reforma constitucional que establece que la regulación del delito de extorsión sea competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
La propuesta busca derogar los artículos 332 y 333 del Código Penal de Coahuila, que actualmente tipifican y sancionan dicho delito, ya que, con la nueva disposición federal, será el Congreso de la Unión la instancia que emita una ley general en la materia, aplicable tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas.
Guerrero Cázares explicó que, tras la reforma publicada el 9 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, las normas locales en materia de extorsión quedarán sin efecto una vez que entre en vigor la ley general, por ello, se propone modificar las leyes estatales para evitar contradicciones y mantener la armonía jurídica.
Además de las derogaciones, la iniciativa plantea adicionar un artículo a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, a fin de establecer mecanismos y tecnologías en los centros penitenciarios para inhibir las comunicaciones ilícitas por telefonía o radiocomunicación dentro de sus instalaciones.
De igual forma, se prevé una reforma a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que, una vez emitida la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir la Extorsión, Coahuila elabore una estrategia estatal con los mismos lineamientos, coordinando acciones con autoridades federales y locales.
La diputada subrayó que estas adecuaciones son necesarias para cumplir con el mandato constitucional y garantizar que la entidad cuente con un marco legal actualizado, coherente y acorde a la nueva distribución de competencias en materia penal.
El decreto establece que las reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación, mientras que las disposiciones sobre extorsión se aplicarán conforme a la nueva Ley General que emita el Congreso de la Unión.
Durante la misma sesión del Congreso, el diputado Jorge Arturo Valdés Flores, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para reformar el artículo 261 del Código Penal estatal, con el propósito de fortalecer la protección de los seres sintientes. La propuesta elimina las configuraciones que obstaculizan la vinculación a proceso y establece sanciones a quien cause lesiones intencionales a un animal, aunque no se ponga en riesgo su vida, si se le provoca dolor o sufrimiento que afecte su bienestar.
Asimismo, los grupos parlamentarios de la Alianza Coahuila (integrada por el PRI, PAN y PRD) con ponencia del diputado Álvaro Moreira Valdés propusieron adicionar un inciso al mismo artículo 261 para tipificar el robo de mascotas como delito. La iniciativa plantea penas de dos a cuatro años de prisión y multas de hasta quinientos días, además de tratamiento psicológico obligatorio para el agresor. También establece que los delitos contra seres sintientes serán de orden público e interés social, por lo que no procederán el perdón ni los acuerdos reparatorios.
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