Prisión inmediata por extorsión

Ciudad de México, 28/11/2024 (Más / IA).- El Senado aprobó este jueves una reforma al artículo 19 de la Constitución que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo extorsión, el uso de facturas falsas y cualquier delito relacionado con el fentanilo.

Esta medida, impulsada principalmente por la coalición Morena-Partido Verde-Partido del Trabajo, busca fortalecer la lucha contra delitos que generan grave afectación social, aunque no ha estado exenta de polémica.

Con 94 votos a favor y 34 en contra, la reforma fue aprobada en lo general, sumando también el apoyo de algunos legisladores del Partido Acción Nacional (PAN). Entre ellos, Miguel Márquez Márquez, Agustín Dorantes y Juan Antonio Martín del Campo. La oposición, liderada por el PRI, Movimiento Ciudadano y otros sectores del PAN, cuestionó la medida por considerar que pone en riesgo los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia.

El senador morenista Enrique Inzunza justificó la reforma como una “amarga necesidad” frente al crecimiento de delitos como la extorsión, el tráfico de fentanilo y el uso de comprobantes fiscales falsos y llamó a las fiscalías a actuar con responsabilidad y equilibrio para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

Por su parte, legisladores de oposición como Ricardo Anaya y Claudia Anaya subrayaron los riesgos de criminalizar sin juicio. “La prisión preventiva oficiosa equivale a prisión sin juicio, sin pruebas. Es encarcelar para investigar, en lugar de investigar para encarcelar”, señaló Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano.

La priista Claudia Anaya destacó los problemas derivados de la redacción ambigua de la reforma, advirtiendo que podría penalizar a ciudadanos sin intención delictiva, como quienes reciben facturas falsas sin saberlo.

Desde su incorporación en 2008, la prisión preventiva oficiosa ha sido objeto de críticas tanto nacionales como internacionales. Organismos como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que su aplicación vulnera derechos fundamentales. Actualmente, más de 38 mil personas están encarceladas sin sentencia en México, muchas de ellas enfrentando largas esperas en prisión preventiva.

La reforma, que agrega delitos como la extorsión, contrabando y actividades relacionadas con el fentanilo, continúa con la tendencia de ampliar este mecanismo punitivo. Sin embargo, algunos cambios realizados en la Cámara de Diputados excluyeron delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal, buscando limitar los alcances de la reforma.

Para entrar en vigor, la reforma deberá ser aprobada por al menos 17 congresos locales y posteriormente ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Aunque el oficialismo defiende la reforma como una herramienta contra la impunidad, críticos advierten que podría perpetuar problemas estructurales en el sistema de justicia, como el encarcelamiento de personas inocentes y el incremento de la población penitenciaria sin resolver de fondo las causas de los delitos.

La aprobación de esta reforma representa un punto de inflexión en la política penal del país, mientras persiste el debate sobre su efectividad y las consecuencias para los derechos humanos.