Enero 14, Ciudad de México. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, enfrenta una creciente presión social y política por el rescate y cuidado de casi mil perros y gatos retirados del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, un operativo que ha detonado críticas de colectivos animalistas y cuestionamientos sobre las condiciones en las que se encuentran los animales. De acuerdo con información de Animal Político, el caso se ha convertido en uno de los primeros conflictos de alto perfil para la administración capitalina en materia de bienestar animal.
El foco de la presión recae en la responsabilidad directa del gobierno local sobre el resguardo, atención médica, alimentación y destino final de los animales, luego de que autoridades capitalinas asumieran el control del refugio tras denuncias de hacinamiento, insalubridad y presunto maltrato. Activistas han exigido información detallada, acceso a los espacios donde se encuentran los animales y garantías de que no serán sacrificados ni trasladados sin supervisión independiente.
Actualmente, el Gobierno de la Ciudad de México tiene bajo su resguardo a 858 perros distribuidos en distintos puntos: 304 en un refugio temporal en la zona del Ajusco, 371 en instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal y 183 en un espacio habilitado en la alcaldía Gustavo A. Madero. Parte de los animales permanece hospitalizada y otros continúan bajo observación veterinaria debido a su estado de salud.
De los cerca de 900 animales localizados en el Refugio Franciscano, 798 presentaban heridas o signos de maltrato, entre ellos dermatitis, sarna, lesiones cutáneas, infecciones bacterianas y por hongos, tumores y problemas respiratorios. Al menos 20 animales requirieron hospitalización inmediata y 21 murieron, según reportes médicos citados por Animal Político.
Brugada ha defendido la actuación de su gobierno y ha rechazado las versiones que acusan malos tratos posteriores al rescate o sacrificios encubiertos. La mandataria acudió personalmente a uno de los refugios temporales para constatar las condiciones de los animales y aseguró que reciben atención médica, alimentación adecuada y limpieza constante. También pidió no politizar el tema y afirmó que el objetivo central es garantizar el bienestar animal.
El operativo ha sido cuestionado por representantes del Refugio Franciscano y por activistas, quienes lo califican de ilegal y violento, al argumentar que existía una orden federal vigente que impedía intervenir el inmueble. Además, denunciaron que durante 28 días no se permitió el acceso al personal ni a especialistas, lo que, aseguran, agravó la salud de varios animales.
El conflicto se enmarca también en una disputa legal de larga data por la posesión del predio, que desde 2009 enfrenta a la Fundación Antonio Haghenbeck y De la Lama IAP con la organización civil Refugio Franciscano A.C., un litigio que ha intensificado las tensiones y las acusaciones entre las partes involucradas.
Ante la presión pública, el Gobierno capitalino acordó permitir visitas organizadas de representantes del refugio y de colectivos para realizar un censo individual de los animales y revisar su estado de salud, mientras continúan las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, con el compromiso de no criminalizar a los cuidadores.
Como parte de la respuesta institucional, la administración de Clara Brugada anunció que impulsará una nueva ley de bienestar animal, que incluirá mesas de trabajo con especialistas y organizaciones civiles para regular refugios, establecer mecanismos de supervisión y prevenir futuros casos de maltrato, en un contexto de alta exigencia social sobre la protección animal en la capital.