Ciudad de México, 26/11/25 (Más).- El gobierno de Estados Unidos intensificó su presión sobre autoridades mexicanas para que se entregue la mayor cantidad posible de agua a los usuarios texanos y se reduzca el déficit en el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, según informó el Departamento de Estado en un comunicado oficial.
La exigencia se produce en el marco del actual ciclo quinquenal 2020-2025, donde México mantiene un retraso significativo equivalente a aproximadamente 865 mil acres-pies.
Una publicación de Animal Político detalla que altos funcionarios estadounidenses de los departamentos de Estado, Agricultura y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas sostuvieron reuniones con autoridades mexicanas para discutir medidas inmediatas y concretas que permitan atender la situación.
Entre las acciones exigidas se encuentra la elaboración de un plan que considere las necesidades hídricas de los usuarios en Texas, afectados por la escasez.
En el comunicado, el Departamento de Estado señaló que bajo la administración del expresidente Donald Trump, México entregó más agua en un solo año que en los cuatro anteriores combinados. Aun así, advirtieron que el déficit mexicano ha agravado los problemas de escasez en el sur de Texas y causado pérdidas agrícolas valoradas en cientos de millones de dólares.
“Sin embargo, el déficit en el suministro de agua por parte de México ha agravado la escasez de agua en Texas y ha contribuido a pérdidas de cosechas por valor de cientos de millones de dólares para los agricultores”, agrega el documento.
Las autoridades estadounidenses informaron que solicitaron datos adicionales al gobierno mexicano y que sostendrán nuevas reuniones binacionales para evaluar opciones adicionales. “Seguimos comprometidos a trabajar con México para resolver esta cuestión por la vía diplomática, al tiempo que continuamos evaluando todas las opciones disponibles”, advirtió el Departamento de Estado.
La presión estadounidense se suma a un entorno ya tenso en torno a la gestión del agua en México, en el que persisten controversias internas sobre distribución y acceso, especialmente tras la aprobación de nuevas disposiciones en la Ley de Aguas.
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