Ciudad de México, 14/07/26 (Más).- La familia LeBaron prepara una serie de acciones legales en Estados Unidos en contra de servidores públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) que participaron en las investigaciones relacionadas con la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en las inmediaciones de la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora.
De acuerdo con información de la columna Bajo Reserva publicada por El Universal, la decisión surge tras la revisión de documentos atribuidos a las filtraciones conocidas como Guacamaya Leaks, en los que presuntamente se advierten irregularidades y la siembra de pruebas desde el inicio de las investigaciones del caso.
La familia busca que las acciones legales se desarrollen ante instancias de Estados Unidos y estén dirigidas contra funcionarios que desempeñaron responsabilidades dentro de la FGR durante la gestión del fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Entre las medidas que pretenden impulsar se encuentra la solicitud para que las autoridades estadounidenses analicen la aplicación de la Ley Global Magnitsky, una legislación que faculta al gobierno de ese país para imponer sanciones a personas extranjeras señaladas por presuntas violaciones graves a los derechos humanos o actos de corrupción.
La masacre de la familia LeBaron ocurrió el 4 de noviembre de 2019, cuando integrantes de las familias LeBaron, Langford y Miller fueron atacados mientras transitaban por una zona cercana a La Mora, en Sonora. El hecho dejó nueve personas fallecidas, entre ellas mujeres y menores de edad.
El caso generó atención tanto en México como en Estados Unidos debido a la nacionalidad de algunas de las víctimas y provocó llamados para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
Desde el inicio de las investigaciones, familiares de las víctimas han solicitado el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades, además de expresar cuestionamientos sobre el desarrollo de las indagatorias oficiales.
La eventual presentación de acciones internacionales representaría un nuevo frente legal relacionado con el caso y podría derivar en la revisión de presuntas actuaciones de servidores públicos vinculados con las investigaciones ministeriales.
Las autoridades federales no han emitido un posicionamiento público sobre los señalamientos relacionados con las presuntas irregularidades mencionadas en las filtraciones ni sobre las posibles acciones legales que la familia LeBaron promovería en territorio estadounidense.
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