Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 26/05/26 (Más).- El Ejecutivo de Coahuila presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para crear una nueva Ley de Archivos completa, con lo que se perfila la sustitución o actualización integral de la norma vigente desde 2007.
La propuesta sería parte del andamiaje de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, fiscalización y combate a la corrupción, al regular la organización, conservación, digitalización, consulta y eventual baja documental de los archivos públicos.
Actualmente, Coahuila cuenta con la Ley de Archivos Públicos para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente desde 2007, es decir, anterior a varias de las reformas nacionales en materia de transparencia, anticorrupción y gobierno abierto impulsadas durante el año pasado.
Por ello, aunque aún no se conoce el texto de la iniciativa, la nueva propuesta podría representar una armonización con la Ley General de Archivos y con el modelo nacional derivado del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Transparencia.
Las leyes de archivos en los estados en general regulan la forma en que las dependencias públicas generan, clasifican, resguardan, digitalizan, consultan y eventualmente depuran los documentos oficiales.
En la práctica, son la base documental sobre la que descansan auditorías, solicitudes de acceso a la información, investigaciones administrativas, fiscalización del gasto público y conservación de la memoria institucional.
Una legislación de este tipo suele incorporar obligaciones relacionadas con expedientes electrónicos, digitalización documental, creación de sistemas institucionales de archivos, tiempos de conservación, catálogos documentales, mecanismos para destrucción legal de documentos y responsabilidades para servidores públicos por pérdida, alteración u ocultamiento de información oficial.
También podría incluir nuevas obligaciones para municipios, organismos autónomos y entes públicos en materia de gestión documental, así como reglas para facilitar la consulta pública y la trazabilidad de contratos, adquisiciones, permisos, obras y decisiones gubernamentales.
La iniciativa fue remitida al Poder Legislativo por el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan Pablo Alvarado Cepeda, y turnada para su análisis a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Tras su presentación formal en la lista de correspondencia recibida por el Congreso, la iniciativa seguirá el curso legislativo ordinario. Primero será analizada en comisión, donde podría modificarse o enriquecerse antes de la elaboración del dictamen que posteriormente deberá ser votado por el pleno del Congreso del Estado.
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