Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 19/11/2026 (Más).- Con el objetivo de fortalecer la prevención y atención del acoso escolar en Coahuila, la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar, con lo que se busca incorporar nuevas obligaciones para las instituciones educativas, reconocer los derechos del estudiantado y establecer medidas específicas contra el ciberacoso.
La propuesta, presentada conjuntamente por integrantes de los grupos parlamentarios de Alianza Coahuila, contempla reforzar los mecanismos de detección e intervención ante situaciones de violencia dentro y fuera de los planteles, así como establecer una mayor coordinación entre las autoridades educativas y otras instituciones para atender los casos.
Entre los principales cambios se encuentra la incorporación del acoso escolar cibernético o ciberacoso a la legislación estatal, definido como una conducta agresiva, intencional y reiterada realizada mediante plataformas virtuales y herramientas tecnológicas para intimidar, humillar, denigrar o excluir a estudiantes o integrantes de la comunidad educativa.
La iniciativa también plantea ampliar las responsabilidades de quienes dirigen los centros educativos, quienes deberán promover y verificar la capacitación del personal docente y administrativo para prevenir y atender estas conductas. Asimismo, se propone que notifiquen a madres, padres o tutores de las personas involucradas, intervengan en las investigaciones dentro de sus atribuciones y den aviso a las autoridades correspondientes cuando existan posibles delitos.
En cuanto a las personas afectadas, se propone incorporar un catálogo de derechos que garantice su integridad física, psicológica, emocional y social, así como su desarrollo en ambientes escolares seguros, inclusivos y libres de violencia. También se contempla que puedan recibir atención médica, psicológica y emocional, además de orientación y, en su caso, representación jurídica gratuita.
Otro de los puntos establece que las autoridades deberán adoptar medidas de protección inmediatas cuando la integridad o los derechos de algún estudiante se encuentren en riesgo. También se plantea garantizar que las víctimas puedan solicitar un cambio de grupo escolar, acceder a la reparación integral del daño y mantener la confidencialidad de los hechos para evitar la exposición innecesaria de quienes hayan sufrido acoso.
La propuesta contempla que, las investigaciones, se realicen de manera pronta y eficaz, pero evitando que las personas afectadas tengan que repetir constantemente sus testimonios, debido al riesgo de generar revictimización. Para ello, se plantea entrevistar a las personas involucradas y testigos, procurando que las diligencias sean suficientes y no reiterativas.
Asimismo, se busca incorporar la perspectiva de género y el derecho a una vida libre de violencia entre los principios rectores de la legislación, además de promover valores como la paz, el respeto, la tolerancia, el diálogo, la negociación y la solución pacífica de conflictos dentro de las comunidades escolares.
Durante su presentación, Oyervides señaló que la iniciativa responde a una problemática que ha sido expresada por estudiantes, particularmente durante ejercicios como el Parlamento Infantil del Congreso del Estado, donde el bullying y el acoso fueron algunas de las preocupaciones planteadas por los participantes.
La legisladora consideró que la atención de estos casos no debe recaer exclusivamente en los docentes, sino que también requiere la participación de las familias, al tratarse de una responsabilidad compartida entre los hogares y las instituciones educativas.
“Yo creo que es una corresponsabilidad. Ahora que soy mamá, pues tampoco todo tendría que depender de los maestros”, expresó, al señalar que tanto padres y madres de familia como las escuelas deben asumir las responsabilidades que les corresponden para prevenir y atender estas situaciones.
De aprobarse, las modificaciones entrarían en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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