Por Juan Rocha
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Un estudio sobre la procuración de la justicia en Coahuila realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), derivó en varias recomendaciones a la Fiscalía General de Justicia de Coahuila que apuntan hacia un desarrollo de capacidades y competencias en la ejecución del sistema de justicia penal, respeto de garantías y protección de los derechos humanos, así como contrapesos en las actuaciones de la autoridad investigadora y formas en las que puede concluir la etapa inicial de investigación.
Los resultados del estudio denominado Justicia Penal, Justicia Transparente, consisten en una auditoria ciudadana que la FGE permitió al interior de sus instalaciones, para obtener recomendaciones de mejora.
Los altos niveles de impunidad dan cuenta de los retos que existen en la procuración de justicia, lo cual a su vez, es muestra de la falta de evidencia para tomar decisiones que mejoren el acceso a la justicia en las entidades.
La consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio es una deuda pendiente que las fiscalías locales tienen con la ciudadanía. Por ello, el IMCO, en colaboración con la FGE y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), realizó esta revisión ciudadana para medir la calidad y el desempeño de la justicia penal.
Durante cuatro años el IMCO evaluó de manera integral la forma en la que se administra la justicia penal en las agencias del Ministerio Público de todas las regiones de Coahuila, donde se recorrieron 8 mil kilómetros y se revisaron mil 245 expedientes, se calificó a 612 servidores públicos y aplicaron 355 encuestas a ciudadanos.
Los resultados del estudio son un reflejo de las debilidades institucionales de la administración de justicia penal a nivel local, que sigue sin dar respuesta efectiva y no ha logrado crear las capacidades para disminuir la impunidad.
Resultados de la auditoría ciudadana: caso Coahuila. El IMCO identificó cuatro temas principales en los cuales es necesario implementar medidas para mejorar el acceso a la justicia para la ciudadanía: Capacidades y competencias para la ejecución del sistema de justicia penal.
Existen deficiencias en la investigación. En la minoría de casos se realizaron actos de investigación como peritajes (12% de casos contaron con peritaje dactiloscópico y 38% con peritaje de criminalística) o entrevistas a testigos (únicamente en 3 de cada 10 casos).
Los recursos son insuficientes. Una cuarta parte de los operadores de justicia consideran que requieren de mayores recursos materiales y de infraestructura para realizar sus funciones; también que el personal hasta ahora es insuficiente, por lo cual trabajan hasta 60 horas semanales.
Garantía, respeto y protección de los derechos humanos. Hay bajos niveles de asesoría legal para víctimas y de representación legal activa para imputados. Únicamente en 3 de cada 10 casos, la víctima contó con un asesor jurídico; en el caso de los imputados, si bien la mayoría cuentan con defensor, en solo la mitad de los casos son informados del desarrollo de su proceso.
Contrapesos en las actuaciones de la fiscalía. Hay bajos niveles de revisión de las actuaciones de los operadores de justicia. Las unidades de supervisión interna de la fiscalía realizan, en promedio, una de cada dos revisiones anuales al trabajo de los ministerios públicos, policías de investigación y peritos. Además, la ciudadanía que recibe sus servicios no puede presentar quejas, ya que no se le informa sobre esta posibilidad.
Los usuarios del sistema de justicia refieren no tener que dar «pagos» en el proceso. 9 de cada 10 ciudadanos negaron haber tenido que realizar algún “pago” a algún funcionario de la Fiscalía.
Formas en las que puede concluir la etapa inicial de investigación. Hay poca promoción de los mecanismos de justicia alternativa. Aún cuando son una opción rápida y económica, solo 14% de los casos se canalizó a uno de estos mecanismos.
Los casos son concluidos sin justificación ni revisión del superior jerárquico. La mitad de los casos se enviaron al archivo temporal, y pocos tuvieron justificación legal. Además, de los que se enviaron al no ejercicio de la acción penal, solamente 3% contaron con autorización del superior jerárquico.
Así como en Coahuila, es necesario que en todo el país se consoliden las capacidades de las Fiscalías para operar el Sistema de Justicia Penal. Por ello, este tipo de estudios son fundamentales al diagnosticar y sugerir soluciones que atiendan las problemáticas actuales que obstaculizan brindar un buen servicio de procuración de justicia a los ciudadanos.
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