¿Por qué el gobierno favorece la explotación?

El Poder del Consumidor

Por Alejandro Calvillo

Entre 1791 y 1793, alrededor de 300 mil a 400 mil mujeres inglesas se organizaron para boicotear el consumo de azúcar proveniente de plantaciones de caña que practicaban la esclavitud. Alrededor de 30 años después se dio otro boicot en Inglaterra a este producto, lo que se considera contribuyó al Acta de Abolición de la Esclavitud de 1833.

Entre 1936 y 1939, durante la Guerra Civil española, trabajadores anarcosindicalistas distinguieron sus productos con un sello que permitía a quienes compraban sus productos identificar que provenían de una producción colectivizada, para distinguirla de los productos que venían de fábricas donde los trabajadores eran excluidos de las ganancias, eran explotados, de fábricas capitalistas.

Desde entonces hasta ahora, se han realizado diversas campañas para llamar al boicot de empresas y productos basados en la explotación laboral. El llamado a los consumidores es a pensar qué hay detrás del producto que están consumiendo y si están reproduciendo, con su elección de compra, un sistema de explotación.

Así se han realizado campañas exhibiendo las condiciones de trabajo y los salarios miserables con los que se han llegado a producir para grandes marcas globales como Nike, Adidas, Zara, etc.

No sólo la exposición de la explotación y las condiciones laborales miserables han llamado al boicot de productos y marcas, también la destrucción ambiental, destacando la campaña contra la destrucción de la selva en regiones como Indonesia para la siembra de aceite de palma, así como el trabajo forzoso y los salarios de miseria e, incluso, el trabajo infantil realizando trabajos de alto riesgo, todo para abastecer con ese aceite a empresas como Nestlé, Procter & Gamble, Kellogg’s y Colgate-Palmolive.

Las grandes corporaciones suelen llevar sus plantas de maquila a países y regiones donde los salarios son muy bajos, donde las legislaciones laborales son muy laxas, donde hay mayor acceso a materias primas a bajo costo. Obtienen sus materias primas donde las regulaciones ambientales son más débiles, donde la corrupción es mayor.

Las externalidades sociales y ambientales de este sistema económico nos han llevado al límite de la crisis social y ambiental global. Si fuera obligatorio incorporar a los productos y servicios el costo de las externalidades que generan, es decir, de los daños que causan, tanto sociales como ambientales, estaríamos en una economía justa, sin traspasar el daño de unos pocos al resto de la población. Como hemos dicho, las corporaciones suelen llevarse las ganancias y dejar en los territorios los daños.

Si, por ejemplo, incorporáramos al costo de la Coca-Cola las decenas de miles de casos nuevos de diabetes y enfermedades cardiovasculares que causa su consumo cada año en México, si le incorporáramos el costo de la contaminación por plásticos y de extracción de agua, ¿cuánto costaría una botella de Coca-Cola?

Por lo tanto, el Comercio Justo no es una opción deseable, es una necesidad frente a un sistema económico que ha puesto en riesgo la sustentabilidad del planeta y ha agudizado la polarización social, tanto política como económica, tanto al interior de las naciones como entre ellas.

En el fondo hablamos de una economía solidaria en lo social y de una economía sustentable en lo ambiental. Esto, en medio de una economía del llamado «libre comercio», de una economía de las externalidades enfocada en la mayor ganancia al menor tiempo posible, que genera daños profundos en lo social y en lo ambiental.

Sin ahondar en las barreras al comercio justo en el mercado actual, de las cuales estamos conscientes y que hemos vivido de cerca —es imposible competir en el mercado produciendo orgánico en pequeña escala, manteniendo salarios dignos—, es necesario que el Comercio Justo ocupe el primer lugar como parte del Contrato Social.

El Contrato Social es el que hacemos todos los ciudadanos al vivir en un Estado. Ese Estado debe velar por el bien común y, en materia de comercio, debe favorecer el Comercio Justo por encima del comercio que fortalece formas de producción que afectan, dañan y destruyen nuestro entorno vital y que no permiten a los productores contar con los recursos para vivir dignamente y no ser sobreexplotados.

Las compras gubernamentales han sido un factor de fortalecimiento del Comercio Justo en varias regiones del mundo. ¿Por qué, con nuestros impuestos, el gobierno realiza compras de productos que llegan al mercado dañando el ambiente y explotando a los trabajadores?

El Acuerdo Marco de Café exclusivo para Organismos del Sector Social que ha impulsado el gobierno actual en México va en ese sentido. El propósito es que 66 dependencias y entidades federales, incluyendo la SEDENA y el IMSS, compren café producido de manera sustentable, café de sombra y bajo ciertos principios de comercio justo. A lo anterior se suma el programa Café Bienestar, que adquiere su producto a pequeños productores que lo cultivan bajo sombra en regiones vulnerables del país, garantizando un precio justo. Con esto se evita la compra de café de baja calidad, que se siembra a cielo abierto y promueve la deforestación, que usa grandes cantidades de agroquímicos y que enriquece a corporaciones globales como Nestlé.

El programa tiene mucho margen para hacerse más eficiente y fortalecerse, pero el principio debería regir todas las compras gubernamentales para ir profundizando en una economía más justa con los productores y más sustentable, que no comprometa nuestros recursos naturales.

En el año 2000, cuando terminaron los más de 70 años del PRI en el poder, el primer Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Vicente Fox, Víctor Lichtinger, convocó a organizaciones y académicos para impulsar una política nacional de compras verdes gubernamentales, bajo principios de sustentabilidad y justicia social. Lichtinger no duró mucho: fue despedido en 2003 por Fox debido a presiones del sector empresarial, que veía que la política ambiental no le permitiría mantener parte de sus prácticas; también porque Lichtinger comenzó a enfrentar los actos de corrupción de un amigo que Fox había introducido a la SEMARNAT, y porque un sector importante del PAN quería en ese cargo a un militante del partido antes que a un funcionario comprometido con la protección del medio ambiente.

En este sentido, no es tarde para que la Secretaría de Medio Ambiente de este gobierno, Alicia Bárcena, impulse una iniciativa similar. Este es el meollo del problema, y está claro que nada cambiará si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Y sabemos bien a dónde nos está llevando esta economía que premia las externalidades. También sabemos a dónde nos pueden llevar las políticas e iniciativas de fondo dirigidas a cambiar la lógica de este modelo. La Secretaria Bárcena tiene la palabra.