Un informe dimensiona el fenómeno del desplazamiento forzado, concentrado principalmente en Sinaloa, Chihuahua y Michoacán. Advierten existe subregistro de casos debido a la falta de estadísticas
Ciudad de México, 13/05/26 (Más).- Al menos 15 mil 795 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en México durante 2025 a causa de la violencia, principalmente vinculada al crimen organizado, fenómeno que mantiene al desplazamiento interno como una crisis humanitaria persistente en el país.
Sinaloa, Chihuahua y Michoacán concentran casi 9 de cada 10 casos registrados este año, de acuerdo con el informe “Travesías”, que fue elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Según información difundida por Animal Político, la cifra representa una disminución respecto a 2024, cuando se contabilizaron 28 mil 900 personas desplazadas.
El fenómeno continúa agravándose en regiones afectadas por la violencia criminal y la ausencia de condiciones de seguridad. El reporte advierte además que México todavía carece de estadísticas oficiales consolidadas y de una ley general que atienda integralmente esta problemática.
El documento expone que en el 83.6 por ciento de los eventos documentados durante 2025, la principal causa del desplazamiento fue la violencia generada por grupos del crimen organizado. Sin embargo, las académicas responsables del monitoreo advierten que existe un amplio subregistro debido a la falta de cobertura periodística en territorios de alto riesgo, la dificultad para acceder a comunidades afectadas y la ausencia de mecanismos oficiales de documentación.
Sinaloa encabeza la lista de entidades con más personas desplazadas, al concentrar el 39.2 por ciento de los casos, equivalentes a 6 mil 195 personas. Chihuahua ocupa el segundo lugar con 4 mil 492 personas desplazadas, mientras Michoacán registra 3 mil 363 casos y Guerrero suma 785 afectados. La mayoría de estos desplazamientos ocurren dentro de los propios estados e incluso entre municipios cercanos.
El informe detalla que en Sinaloa las principales causas de desplazamiento han sido enfrentamientos armados, amenazas directas, saqueos, quema de viviendas, desapariciones y reclutamiento forzado. También se documentó el uso de drones con explosivos y otras tácticas de alto impacto. En Chihuahua, además de ataques armados y amenazas, persisten condiciones históricas de violencia en la Sierra Tarahumara que continúan expulsando a familias enteras de sus comunidades.
En Michoacán, la situación se caracteriza por la utilización de minas antipersona, coches bomba, bloqueos carreteros y destrucción de tierras productivas. Las organizaciones documentaron también incendios de viviendas, extorsiones, desapariciones y trabajo forzado. El reporte sostiene que estas dinámicas reflejan una expansión territorial de la violencia y una mayor sofisticación de los grupos armados.
Guerrero también enfrenta una situación crítica. El informe identifica 10 eventos de desplazamiento durante 2025 provocados por enfrentamientos armados, ataques a infraestructura y amenazas contra la población civil. Apenas el pasado 11 de mayo, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata denunció ataques atribuidos al grupo criminal Los Ardillos en comunidades de la Montaña Baja, donde incluso se reportó el uso de drones armados en zonas con presencia de personas desplazadas.
La coordinadora del informe, Janette Carrillo, explicó que el monitoreo se realiza principalmente a partir de fuentes abiertas, medios de comunicación, redes sociales e intercambio de información con autoridades locales, debido a la inexistencia de registros oficiales nacionales. “Ante la falta de registros y estadísticas oficiales, nosotras buscamos hacer este ejercicio de monitoreo principalmente a través de fuentes abiertas”, señaló la académica.
El reporte advierte que el desplazamiento interno no debe entenderse únicamente como un traslado temporal, sino como un proceso prolongado que transforma las condiciones de vida de las personas afectadas y profundiza desigualdades ya existentes. Además, subraya que las comunidades rurales e indígenas son las más vulnerables debido a la limitada presencia institucional y la falta de mecanismos efectivos de prevención y atención.
Aunque existen algunos avances estatales, como leyes locales y protocolos de atención en entidades como Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y Guerrero, las especialistas consideran indispensable la creación de una ley general en materia de desplazamiento interno que articule a los tres niveles de gobierno. También insistieron en la necesidad de establecer un registro nacional que permita generar políticas de prevención, atención inmediata y soluciones duraderas para las víctimas.
El informe también destaca algunos procesos de retorno, como el ocurrido en Guadalupe Victoria, Oaxaca, donde más de 2 mil personas mixes regresaron a sus comunidades tras casi nueve años de desplazamiento. Sin embargo, las académicas advirtieron que estos retornos deben ir acompañados de medidas sostenibles de seguridad, infraestructura y subsistencia para evitar nuevos desplazamientos y garantizar la reconstrucción del tejido social.
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