Ciudad de México, 08/05/25 (Más).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró contratos por al menos 7 mil 200 millones de pesos a favor de la empresa Ethomedical, S. A. de C. V., propiedad de socios del yerno de la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, a través de Compranet, la plataforma federal para compras públicas, en lo que fue calificado por el propio instituto como un “error de registro”.
A pesar de que el IMSS aseguró que los contratos no fueron por esos montos o que incluso no existieron, los registros incluyen números de procedimiento y folios únicos, como el contrato AA-050GYR029-E475-2021 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Sinaloa, con folio 2692277, según publica Animal Político.
De acuerdo con la información pública obtenida por solicitudes de transparencia y revisión de la base de datos de Compranet, los contratos adjudicados directamente a Ethomedical entre 2020 y 2024 alcanzaron un monto de 8 mil 427 millones de pesos. Sin embargo, en al menos cuatro casos, al comparar la información de Compranet con los registros internos del IMSS, se detectaron inconsistencias que llevaron a descartar 7 mil 200 millones de pesos por tratarse de presuntos errores. El IMSS explicó que el sistema no permitía modificaciones una vez que la información era publicada.
En uno de los casos más relevantes, un contrato supuestamente por 4 mil 800 millones de pesos registró comprobantes de pago por apenas 4 millones 700 mil pesos, con discrepancias en precios de medicamentos. Un ejemplo fue la Bleomicina, un tratamiento contra el cáncer, que fue facturado por 2 mil 580 pesos por unidad, pero en los reportes de entrega a farmacias se reportó en 19.60 pesos por pieza.
La Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, respondió que los contratos no estaban disponibles en la plataforma porque se trataba de adjudicaciones directas, “por lo que los documentos adicionales están bajo control de la Unidad Contratante”. Esta explicación contrasta con la Ley de Adquisiciones vigente en ese momento, que obligaba a transparentar todos los procedimientos financiados con recursos federales, incluídas las adjudicaciones directas.
Además del IMSS, la empresa estatal Birmex también adjudicó contratos a Ethomedical y a Abastecedora de Medicinas y Materiales, S. A. de C. V., también vinculada a la familia del socio del yerno de Nahle, por un total de 1 mil 198 millones de pesos. Los análisis de precios revelaron sobreprecios de hasta 885% en algunos medicamentos. De los contratos registrados a nombre de Ethomedical, sólo 1 mil 134 millones de pesos correspondientes a 756 contratos fueron confirmados con documentos oficiales.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Compranet sufrió tres caídas, hecho inédito desde su creación en 1996. La plataforma estuvo fuera de servicio por 17 días en julio de 2022, y de nuevo en 2023 y 2024. El sistema fue trasladado a la Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de Raquel Buenrostro, quien ahora dirige la Secretaría Anticorrupción. Tras la caída inicial, Hacienda argumentó que se trataba de fallas técnicas, aunque posteriormente se supo que Bravosolution México, empresa que operó Compranet durante doce años, dejó de prestar el servicio por falta de pago.
La Auditoría Superior de la Federación documentó en 2020 “debilidades en el registro” de Compranet. Detectó que en 32 mil 661 contratos faltaba al menos una característica obligatoria, y que en 2 mil 902 contratos no coincidían los proveedores con sus números de contrato. En otros 2 mil 201 contratos, los importes registrados eran distintos. Ante esto, la ASF recomendó al gobierno federal mecanismos de control que aseguren información fidedigna para la transparencia y eficiencia de las compras públicas.
A partir del inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, se realizó una reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios que legalizó la realización de contratos fuera de la plataforma digital, permitiendo a la Secretaría Anticorrupción autorizar contrataciones sin publicar los procedimientos, lo cual fue interpretado como una legalización de la opacidad. Esto incluye también la facultad para el Ejército de realizar contrataciones sin transparentar la información, si se trata de convenios intergubernamentales para proyectos prioritarios.
La reforma también introdujo la figura del “diálogo competitivo”, un proceso donde funcionarios públicos entablan negociaciones directas con proveedores para alcanzar acuerdos antes de formalizar un contrato. El Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió sobre el riesgo de corrupción asociado a este tipo de contacto prolongado entre funcionarios y empresarios, y recomendó una vigilancia estricta de este mecanismo.
Como parte de la misma reforma, el gobierno federal eliminó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y lo reemplazó por el organismo “Transparencia para el pueblo”, dependiente de la Secretaría Anticorrupción. Esto implica que las solicitudes de acceso a la información serán evaluadas por una entidad del propio gobierno, que será la encargada de decidir si se entrega o no la información solicitada.
Esta centralización de las decisiones sobre transparencia en una secretaría del Ejecutivo generó críticas entre especialistas, activistas y periodistas, quienes durante dos décadas impulsaron la autonomía del INAI para resolver conflictos de acceso a la información. Con el nuevo modelo, los ciudadanos que reciban una negativa a su solicitud tendrán que acudir a tribunales para impugnar la decisión.
La desaparición de Compranet y su reemplazo por la Plataforma Digital de Contrataciones también ha sido cuestionada por la falta de certeza sobre la conservación del archivo histórico de contrataciones, que abarca los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. La continuidad en el acceso público a esa información no está garantizada, ni tampoco que los nuevos procesos sean plenamente transparentes bajo el nuevo modelo normativo.
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