Ciudad de México, 22/06/26 (Más).- Un total de 27 personas servidoras públicas federales fueron sancionadas por faltas administrativas graves y no graves cometidas entre 2019 y 2025, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las medidas incluyen multas económicas, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
De acuerdo con información de Infobae, las sanciones fueron impuestas en dos bloques distintos. Por un lado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió los casos considerados graves, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicó las sanciones correspondientes a faltas administrativas no graves detectadas en diversas dependencias federales.
Las resoluciones por faltas graves contemplan multas superiores a 777 millones de pesos e inhabilitaciones de hasta 10 años.
Los procedimientos derivaron de investigaciones realizadas por órganos internos de control y áreas de responsabilidad administrativa en distintas instituciones del gobierno federal.
El caso de mayor impacto económico involucró a cuatro exfuncionarios de Alimentación para el Bienestar (AliBien), identificados como María G, René G, Miguel C y Juan R.
El TFJA determinó imponerles una sanción económica solidaria por 777.8 millones de pesos, además de una inhabilitación por una década, por el desvío de recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos hacia gastos operativos y al Programa de Fertilizantes durante 2019.
En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un funcionario de la División de Distribución Zona Torreón fue inhabilitado durante un año y multado con 9 mil pesos por recibir dinero a cambio de cancelar adeudos de energía eléctrica. El hecho ocurrió en 2023 y fue considerado una falta administrativa grave.
Otro de los casos sancionados correspondió al Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, donde un servidor público recibió una multa de mil 380 pesos e inhabilitación por un año tras comprobarse la sustracción de bienes pertenecientes a la institución en 2021.
Asimismo, el Tribunal determinó la inhabilitación por un año de un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), adscrito a una unidad médica en Jalisco, por realizar estudios radiológicos a una paciente sin contar con su autorización, conducta registrada durante 2022.
Respecto a las faltas no graves, la Secretaría Anticorrupción informó que las sanciones alcanzaron a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el IMSS, la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la CFE, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), la Secretaría de Economía y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).
Las medidas impuestas en estos casos incluyeron suspensiones que van de tres días a cuatro meses, destituciones, amonestaciones públicas e inhabilitaciones temporales.
Entre las conductas sancionadas se encuentran faltas de respeto en el ámbito laboral, introducción de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas a centros de trabajo, falsificación de documentos, irregularidades administrativas y omisiones en procedimientos institucionales.
En la Guardia Nacional, cinco elementos fueron suspendidos durante 30 días por presentar constancias académicas sin validez en evaluaciones relacionadas con la portación de armas de fuego.
En la SSPC, un funcionario de un centro penitenciario federal en Chiapas fue inhabilitado por cuatro meses tras acreditarse la introducción de estupefacientes al penal.
También se documentaron sanciones en la SICT por irregularidades relacionadas con comisiones laborales inexistentes; en el IMSS por falsificación de firmas y conductas irrespetuosas; y en la Agencia de Transformación Digital por el envío de mensajes de contenido sexual a una subordinada.
La Secretaría Anticorrupción precisó que todas las resoluciones fueron emitidas con base en criterios de proporcionalidad y gravedad de las conductas acreditadas.
Añadió que las personas sancionadas conservan el derecho de impugnar las determinaciones mediante los recursos legales correspondientes.
La dependencia señaló que, en caso de que se presenten recursos de revisión o procedimientos judiciales, defenderá las resoluciones emitidas con base en las investigaciones realizadas y las pruebas recabadas durante los procedimientos administrativos.
Finalmente, la Secretaría reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar actos contrarios a la legalidad y a la integridad en el servicio público mediante los mecanismos oficiales de atención y seguimiento, como parte de las acciones contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 para fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción.
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