La administración de Trump ha comenzado a cancelar visas y aplicar sanciones a políticos mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico
Washington, 16/05/25 (Más).- La administración del presidente estadounidense Donald Trump comenzó a imponer restricciones de viaje y sanciones a políticos mexicanos presuntamente vinculados con la corrupción derivada del narcotráfico, según un reportaje publicado por ProPublica.
De acuerdo con la publicación, las medidas incluyen revocación de visas y la posible aplicación de sanciones financieras, y se enmarcan en un esfuerzo coordinado desde la Casa Blanca para intensificar la presión sobre el Gobierno mexicano.
Según el reportaje, al menos dos figuras políticas mexicanas han confirmado públicamente que sus visas fueron canceladas.
ProPublica detalla que funcionarios estadounidenses anticipan que el número de afectados podría aumentar, dado que la administración trabaja con una lista de varias decenas de políticos identificados por agencias de inteligencia y seguridad como posibles colaboradores del narcotráfico. La lista incluye integrantes del partido oficialista Morena, gobernadores estatales y personas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La publicación identificó entre los casos confirmados el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien declaró que tanto ella como su esposo, un exdiputado, vieron revocadas sus visas por “una situación” relacionada con su cónyuge.
“El hecho de que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que haya cometido algo malo”, afirmó Ávila, según consigna el reportaje. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a Washington una explicación, pero funcionarios estadounidenses indicaron que se trata de información confidencial.
ProPublica también reportó que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, figura entre los políticos en observación. Medios mexicanos informaron que le fue retirada su visa, aunque su oficina no lo ha confirmado. Además, el alcalde de Matamoros fue impedido de cruzar a Texas recientemente. Él negó que su visa hubiera sido cancelada.
El Departamento de Estado no comentó los casos, citando las restricciones legales sobre información migratoria. Sin embargo, funcionarios entrevistados por ProPublica afirmaron que estas revocaciones podrían complementarse con sanciones del Departamento del Tesoro, como la congelación de activos y la prohibición de hacer negocios en Estados Unidos.
La gobernadora Ávila indicó que no posee cuentas bancarias en ese país ni enfrenta sanciones financieras.
El reportaje detalla que estas acciones responden a la política de seguridad impulsada por la administración Trump, la cual ha incluido la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y la exploración de posibles acciones militares unilaterales.
Según ProPublica, esta revisión fue iniciada por un equipo de la Casa Blanca que solicitó a agencias de inteligencia información sobre funcionarios, militares y políticos mexicanos presuntamente implicados con el narcotráfico. El grupo opera bajo la dirección del asesor adjunto de seguridad nacional, Anthony Salisbury, y del subjefe de gabinete, Stephen Miller.
Una fuente citada en el reportaje señaló que parte de la lista actual coincide con un archivo elaborado por la DEA en 2019, cuando el gobierno de López Obrador redujo la cooperación en materia antidrogas. Ese archivo sirvió como base para la acusación contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Según ProPublica, los exfuncionarios de la DEA responsables de aquella investigación, Terrance Cole y Matthew Donahue, propusieron entonces revocar las visas de los implicados, pero la iniciativa fue rechazada por diplomáticos estadounidenses. Actualmente, Cole espera confirmación del Senado como director de la DEA.
El medio de investigación señala que algunos funcionarios han expresado inquietud por la baja exigencia probatoria para aplicar estas sanciones migratorias o financieras. Estas acciones se sustentan en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite declarar inadmisible a un extranjero si el Gobierno “sabe o tiene razones para creer” que ha colaborado en el tráfico de drogas, y también cancelar las visas de sus familiares si se han beneficiado de esos vínculos.
Un funcionario estadounidense citado en el reportaje sostuvo: “Deberíamos usar todos los recursos del Gobierno para ir tras estas personas”, aunque reconoció que las medidas podrían generar conflictos con el Gobierno de Sheinbaum.
El exembajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, declaró a ProPublica que estas acciones complican la relación bilateral y podrían ser utilizadas por la presidenta mexicana como argumento para atribuir responsabilidades externas sobre problemas internos.
La publicación también recuerda que, aunque López Obrador prometió combatir la corrupción, su administración enfrentó acusaciones sobre actos de enriquecimiento y tráfico de influencias en su entorno cercano. Sheinbaum, en contraste, ha adoptado un discurso de mayor firmeza. En una intervención reciente, afirmó que no puede haber colusión con la delincuencia, ni organizada, ni de cuello blanco.
El reportaje completo de ProPublica documenta el proceso de elaboración de las listas, las deliberaciones internas en el gobierno estadounidense y los posibles impactos políticos y diplomáticos de esta política en la relación entre México y Estados Unidos.
Difunden lista de mexicanos “sancionados”
El nombre de 44 figuras mexicanas fue incluido en una lista que presuntamente opera el Departamento de Estado de Estados Unidos como una herramienta para aplicar sanciones a personas que podrían tener vínculos con cárteles de la droga y organizaciones criminales transnacionales.
Entre los sancionados destacan siete gobernadores en funciones, como Alfonso Durazo, de Sonora; Rubén Rocha Moya, Sinaloa, y Samuel García, Nuevo León, así como exgobernadores como Enrique Alfaro, Jalisco, y líderes legislativos como Ricardo Monreal y Adán Augusto López.
También figuran cuatro generales, alcaldes como Cruz Pérez Cuéllar, de Ciudad Juárez, y funcionarios federales, incluyendo a Mario Delgado y Manuel Bartlett.
Las medidas incluyen cancelación de visas, congelamiento de activos en Estados Unidos, detenciones en la frontera y exclusión permanente de tratos con instituciones estadounidenses.
Casos destacados incluyen a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, cuya visa fue revocada por presunto lavado de dinero de cárteles a través de contratos. Asimismo, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, fue detenido 14 horas en la frontera, acusado de respaldar una estructura municipal controlada por narcotraficantes. Quince de los señalados estarían vinculados a una red de contrabando de impuestos al combustible liderada por Sergio Carmona Angulo, financista de campañas de Morena en el noreste mexicano.
La lista ha generado tensión diplomática, ya que México no fue notificado oficialmente.
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