Políticas de Seguridad Vial

Por Carlos Ramos             

Una política pública puede definirse como “la respuesta del gobierno ante un determinado problema público”.

Una política pública, va mucho más que una ocurrencia de un político que ganó una elección electoral. Debe implicar un proceso de diagnóstico, análisis, planeación, legislación, implementación y retroalimentación para auto-mejorarse por un grupo multidisciplinario de especialistas y funcionarios.

La seguridad pública es responsabilidad del gobierno, y la seguridad vial, como una parte de la seguridad pública, en consecuencia también es responsabilidad del gobierno. Aunque hayan voces que señalan que la seguridad vial es responsabilidad de quien toma el volante, aún así no deja de tener el gobierno un alto grado de co-responsabilidad al ser quien, (para empezar) con sus políticas de otorgamiento y renovación de licencias, autoriza quien es capaz de asumir la responsabilidad de conducir un automóvil o camión, capaz de convertirse en un arma letal.

Además de establecer un reglamento para expedición de licencias, el gobierno autoriza las rutas para camiones de transporte de personal y de carga, construye y da mantenimiento a infraestructura vial y define donde establecer señalamientos, reductores de velocidad, límites de velocidad, puentes peatonales, operativos radar y anti-alcohol, campañas  de concientización y sus respectivas penalizaciones, sólo por mencionar algunas herramientas como parte integral de una política pública de seguridad vial.

Es decir, el gobierno tiene a su alcance las herramientas para intervenir y reducir al mínimo las muertes evitables en accidentes viales.

El reto es que tenga la capacidad administrativa y la voluntad política para lograrlo.  Capacidad administrativa para armar una política pública funcional y voluntad política para tener la suficiente mano dura y firmeza pública y privada para imponer el orden que en su responsabilidad le fue conferida con el voto popular al margen de presiones mediáticas, populares y políticas.

Si bien del 2011 al 2022 en nuestra ciudad tuvimos picos notables de muertes y heridos por accidentes de tránsito en 2011, 2014 y 2021, apenas en dos de éstas 6 administraciones o trienios políticos (incluyendo el actual) hubo algún intento visible de respuesta ante este problema público.

Desgraciadamente no han sido ni las estadísticas ni la sensibilidad política de gobiernos anteriores quienes han despertado el interés gubernamental de intervenir, sino los impactos mediáticos de jóvenes fallecidos en accidentes de tránsito.

Existen más de 50 políticas públicas en seguridad vial y la tecnología para implementarlas para que un gobierno tenga políticas exitosas que salven vidas.

“La Declaración de Estocolmo”, en la que nuestro país participa, plantea que como objetivo global se deben reducir las muertes y lesiones por accidentes de tráfico en un 50% para el 2030. Las lesiones causadas por el tránsito son ahora la principal causa de muerte de niños y adultos jóvenes de 5 a 29 años.

Quien mejor aterriza en un programa integral de seguridad vial en nuestro país es la CDMX, con miras a cumplir las metas establecidas en la Declaración de Estocolmo.

El Programa Integral de Seguridad Vial 2020-2024 de la Ciudad de México es un trabajo profesional de administración pública vanguardista en el tema y que puede ser un modelo a seguir por nuestra ciudad. PISVI 2020-2024 – Programa Integral de Seguridad Vial 2020-2024 – Plaza Pública (cdmx.gob.mx)

En él, se establecen objetivos y metas que pueden ser medidos y evaluados, como debe ser en toda política pública.

No solamente asume su responsabilidad en la seguridad vial, sino que también involucra a los ciudadanos a participar en él para alimentarlo constantemente a través de propuestas en un espacio abierto electrónico de sugerencias.

Incluye las llamadas fotomultas bajo el concepto de “fotocívicas”, de una manera transparente en el que cualquier ciudadano puede tener acceso vía internet para saber si ha cometido una infracción e incluso recibir una notificación a su celular. Existe la opción de pagar la multa vía trabajo comunitario con más de 8 opciones de servicio.

Señala también las reformas necesarias a diversas normativas que deben hacerse para coadyuvar a cumplir los objetivos planteados inicialmente.

Las muertes trágicas de jóvenes en accidentes de tránsito en Saltillo no deben ser el detonador para decidir implementar de una vez por todas programas de seguridad vial permanentes y bien hechos. La adopción de experiencias exitosas de otras ciudades a nivel mundial más las voluntades políticas del alcalde y gobernador (licencias) son los primeros ingredientes de la fórmula para tener una política pública exitosa en seguridad vial, así como poner a trabajar al IMPLAN en asuntos de prioridad municipal. Y lo mejor, implementarla no requiere gran inversión de recursos públicos.