En la Ciudad de México, el principal reto será actualizar las instituciones y servicios de salud en la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas.
Por: Monserrat Angulo
México se encuentra en un momento coyuntural frente al proceso electoral 2023-2024. De acuerdo con el INE, este proceso electoral “será reconocido como el más grande que ha tenido el país“. El 2 de junio votaremos para elegir el cargo a la Presidencia de la República Mexicana, Senadurías y Diputaciones Federales, así como diferentes cargos locales.
Los representantes a cargos públicos definirán las acciones gubernamentales y las políticas públicas que tendrán prioridad en los próximos seis años. Conocer las propuestas y participar en las acciones de consulta electoral es fundamental para garantizar una agenda pública progresista, basada en la proximidad ciudadana, el bienestar social y el respeto íntegro a los derechos humanos.
La política de drogas como tema de interés público necesita ser replanteada con el objetivo de reparar los daños causados por la prohibición y la guerra contra las drogas. El Relator Especial sobre el derecho de toda persona a la salud física y mental observa que “los enfoques políticos existentes contribuyen a un entorno de mayor riesgo para los derechos humanos que, en muchos casos, puede alimentar abusos generalizados y sistemáticos”.
México tiene la oportunidad de transformar la política pública en materia de drogas. Contamos con aprendizajes de la administración actual, además de tener referentes regionales e internacionales, como la política de drogas en Colombia y la última resolución de la CND 67 en materia de reducción de daños, que constituyen horizontes innovadores para trazar una nueva política de drogas.
¿Qué oportunidades y retos observamos en las políticas de drogas para la Ciudad de México?
En la Ciudad de México, el principal reto será actualizar las instituciones y servicios de salud en la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas. El 27.1 % de los Centros de atención de adicciones registrados que cumplen con la normatividad aplicable en la CDMXson de carácter público, de acuerdo con la última actualización del directorio del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la CDMX. Los UNEME-CAPA y los Centros Colibrí representan la principal oferta de centros públicos que brindan atención especializada a la población capitalina.
Los Centros de Atención Integral para Personas Usuarias de Sustancias Psicoactivas y sus Familias, también llamados Centros Colibrí, iniciaron sus operaciones en la alcaldía Iztapalapa en 2021. Se trata de un proyecto innovador para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas. Hoy existen más de 12 centros en Casas de Salud y las Utopías; complejos urbanos que forman parte del megaproyecto de bienestar y transformación social impulsado en Iztapalapa durante la administración de Clara Brugada.
Los Centros Colibrí ofrecen atención especializada a partir de la perspectiva de reducción de riesgos y daños. El modelo de atención se centra en las necesidades de las personas usuarias y sus contextos, el reconocimiento de patrones de consumo diferenciados y la comprensión de la “conexión social” como un componente esencial en la prevención del uso problemático, abuso y la dependencia hacia las sustancias psicoactivas.“Colibrís no criminaliza y castiga; comprende y ayuda”.
El fortalecimiento de las políticas de reducción de riesgos y daños deberá ser un foco prioritario en las políticas locales y federales en la atención del consumo de sustancias psicoactivas. La oportunidad se encuentra en retomar estos aprendizajes más allá de los resultados de la contienda electoral.
La expansión de los Centros Colibrí puede contribuir a subsanar la limitada oferta de servicios de salud pública en la CDMX, además de ofrecer estrategias alternativas a la abstinencia para las personas que deciden usar sustancias psicoactivas. Paralelamente, su implementación deberá incidir en la transformación de marcos normativos no punitivos que dejen de criminalizar el consumo y a las personas usuarias.
Así mismo, será necesario ejecutar las acciones dispuestas en la reforma a la Ley General de Salud de 2022 en materia de salud mental y adicciones para diseñar “acciones y campañas de promoción de los derechos de la población, sobre salud mental y adicciones, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención”,
Las y los candidatos a cargos públicos deberán asumir esta responsabilidad y trazar rutas que posibiliten acciones públicas efectivas más allá de los intereses políticos. Contamos con ejemplos locales y evidencia internacional. Desde la sociedad civil organizada seguiremos de cerca las propuestas para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas usuarias y sus comunidades.
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