Torreón, Coahuila, 24/07/26 (Más).- La Fiscalía General del Estado podría intervenir en el caso del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón si las auditorías y revisiones en curso detectan posibles responsabilidades de carácter penal relacionadas con el manejo financiero, administrativo y operativo del organismo.
De acuerdo con información publicada por El Siglo de Torreón, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila llegará la próxima semana para iniciar una revisión especial solicitada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, con el propósito de esclarecer el uso de los recursos y determinar las causas del deterioro financiero que enfrenta el sistema operador.
El titular de la Consejería Jurídica Municipal, Gerardo Márquez Guevara, informó que la auditoría estatal no será la única revisión aplicada al Simas, debido a que también participará un despacho externo y continuará el análisis jurídico y legal que ya realiza la dependencia municipal a su cargo.
Márquez Guevara señaló que no se descarta solicitar formalmente la intervención de la Fiscalía General del Estado en caso de que las investigaciones arrojen indicios de conductas que puedan constituir delitos. La determinación dependerá de los resultados obtenidos en las diferentes revisiones administrativas, financieras y legales.
Durante el año y medio en que Roberto Escalante González estuvo al frente de la gerencia general, los pasivos del organismo se elevaron a más de 2 mil millones de pesos, mientras que la nómina sindical aumentó con plazas consideradas injustificadas y se realizaron pagos excesivos por concepto de horas extraordinarias.
A los problemas financieros y laborales se sumó el deterioro de la infraestructura técnica y operativa. La falta de atención en áreas esenciales habría llevado al sistema a una situación crítica, con riesgos para la continuidad del suministro de agua potable y para la prestación de los servicios de drenaje y saneamiento en distintos sectores de Torreón.
“Las auditorías que se han ordenado darán mayor claridad sobre el tipo de responsabilidades en que se incurrió”, dijo Márquez Guevara al explicar que será necesario revisar cada procedimiento antes de establecer si existen faltas administrativas o posibles conductas penales.
La Consejería Jurídica Municipal inició su propia investigación después de que la Contraloría Municipal validó el proceso de entrega-recepción del Simas Torreón. La revisión se concentra especialmente en expedientes legales que ya cuentan con resoluciones definitivas y que deben ser atendidos de manera inmediata por el organismo.
Entre los asuntos analizados se encuentra el caso de un particular que obtuvo una resolución federal favorable para que le sean restituidos sus derechos sobre el uso de agua tratada. También se revisan los litigios promovidos por la empresa Ecoagua relacionados con el contrato de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
El consejero jurídico indicó que se estudiará por qué esos expedientes no fueron atendidos oportunamente por las anteriores autoridades del Simas, pese a tratarse de resoluciones inapelables. El objetivo será identificar posibles omisiones, responsabilidades administrativas y las consecuencias económicas que podrían derivarse para el Municipio.
La situación del organismo ha sido calificada como delicada y compleja debido al incremento de las deudas, el crecimiento de la nómina, los compromisos legales pendientes y el deterioro de la infraestructura. Estas condiciones podrían comprometer la capacidad del sistema para garantizar el abasto de agua y el funcionamiento adecuado del drenaje.
Márquez Guevara aseguró que la instrucción del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís es llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Aunque el Simas es un organismo desconcentrado del Ayuntamiento, tiene bajo su responsabilidad servicios considerados esenciales para la población, como el suministro de agua potable, el drenaje y el saneamiento.
Las autoridades municipales esperan que las auditorías permitan establecer con precisión cómo se administraron los recursos, qué decisiones provocaron el crecimiento de los pasivos y quiénes podrían ser responsables de las irregularidades. En caso de encontrarse elementos de carácter penal, el expediente sería turnado a la Fiscalía General del Estado para que proceda conforme a sus atribuciones.
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