Ciudad de México, 06/11/26 (Más).- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes un paro nacional de labores en, al menos, 22 sedes ubicadas en más de 16 estados del país, en protesta contra el nuevo esquema de evaluación de desempeño que contempla exámenes de conocimientos y valoraciones internas para determinar la permanencia del personal en sus puestos.
De acuerdo con información publicada por Infobae, la movilización comenzó desde el mediodía del jueves en Morelos, donde más de mil trabajadores cerraron las instalaciones judiciales de Cuernavaca y Xochitepec. En la Ciudad de México, los empleados de los edificios de San Lázaro y Prisma iniciaron el cierre de actividades a partir de la medianoche de este viernes.
La protesta está dirigida principalmente contra el acuerdo publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual el Órgano de Administración Judicial (OAJ) estableció un nuevo mecanismo de evaluación para secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales.
Los trabajadores consideran que el procedimiento no garantiza una medición objetiva de sus capacidades profesionales y advierten que las calificaciones podrían utilizarse como mecanismos de presión laboral, debido al peso que tendrán las opiniones de sus superiores y compañeros en el resultado final.
La movilización contempla la participación de aproximadamente 32 mil trabajadores que desempeñan funciones en más de 900 tribunales y juzgados federales. Aunque los cierres comenzaron en algunas entidades desde el jueves, se esperaba que el resto de las sedes se incorporara a partir de las 9:00 horas de este viernes.
Entre los estados donde se confirmó la participación se encuentran Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
En la Ciudad de México, las instalaciones contempladas en la protesta son los edificios de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma. En Nuevo León, el Sindicato de Renovación convocó a una manifestación en el cruce de las avenidas Constitución y Cuauhtémoc, en Monterrey, además del cierre de los juzgados federales.
Uno de los principales puntos de inconformidad es la distribución de los porcentajes que integran la evaluación. El examen de conocimientos tendrá un valor de 40 por ciento, mientras que el 60 por ciento restante dependerá de otros factores, entre ellos la valoración del titular del juzgado, con 22.5 por ciento; la evaluación de compañeros, con 7.5 por ciento, y los reportes institucionales, con 10 por ciento, además de parámetros relacionados con productividad y comportamiento.
Los inconformes señalan que este modelo podría afectar la independencia de criterio de los trabajadores, particularmente cuando tengan que expresar desacuerdos jurídicos con jueces o magistrados que participen en su evaluación. Consideran que la posibilidad de recibir una calificación desfavorable podría limitar la libertad para señalar errores o diferencias en las resoluciones y procedimientos judiciales.
Ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación llamó a sus integrantes a no inscribirse en el proceso de evaluación. Por su parte, la Unión Nacional de Trabajadores del PJF advirtió que otorgar facultades de calificación a los titulares de los órganos jurisdiccionales podría generar condiciones para presuntas represalias o persecución laboral.
En respuesta a los cuestionamientos, el Órgano de Administración Judicial estableció en el acuerdo que la evaluación programada para diciembre tendrá inicialmente un carácter diagnóstico, con el propósito de identificar fortalezas y áreas de oportunidad entre el personal, así como diseñar programas de capacitación. La institución sostiene que esta primera etapa no tendrá consecuencias inmediatas sobre la permanencia de los trabajadores.
Sin embargo, el documento contempla un sistema de calificaciones que establece distintos periodos de constancia de permanencia. Los empleados que obtengan entre 90 y 100 puntos serán considerados sobresalientes, mientras que quienes alcancen de 80 a 89 puntos recibirán la categoría de satisfactorios; en ambos casos, la constancia tendrá una vigencia de dos años.
Para quienes obtengan entre 70 y 79 puntos, la clasificación será regular, y para los resultados de 60 a 69 puntos se establecerá la categoría de suficiente. En ambos supuestos, la constancia tendrá una vigencia de un año y los trabajadores deberán participar en acciones de fortalecimiento.
El nivel de mayor preocupación para los manifestantes corresponde a quienes obtengan 59 puntos o menos, ya que serán considerados insuficientes y tendrán derecho a solicitar, por única ocasión, un examen extraordinario. En caso de no solicitarlo, reprobarlo o no obtener autorización para presentarlo, el acuerdo contempla su baja de la institución.
El calendario oficial establece que el temario de evaluación se publicará los días 17 y 18 de noviembre. Posteriormente, los exámenes para secretarios se realizarán el 4 de diciembre; para actuarios, el 8 de diciembre, y para oficiales judiciales, los días 14 y 15 del mismo mes. La revisión de resultados se desarrollará entre enero y marzo de 2027.
Otro de los cuestionamientos de los trabajadores se relaciona con el tiempo de preparación, debido a que dispondrán de aproximadamente dos semanas entre la publicación del temario y las primeras evaluaciones, periodo durante el cual deberán continuar con sus responsabilidades habituales dentro de los juzgados y tribunales.
El paro representa una nueva interrupción de actividades en el Poder Judicial federal, después de las movilizaciones registradas en 2024, cuando trabajadores se manifestaron contra la reforma judicial. En esta ocasión, la inconformidad se concentra en las condiciones de evaluación, los criterios de calificación y las posibles consecuencias laborales para quienes no acrediten los exámenes establecidos por el Órgano de Administración Judicial.
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