Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 22/10/2026 (Más).- El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, planteó revisar las sanciones que se aplican a adolescentes que cometen delitos graves, particularmente homicidios, al considerar que la pena máxima de cinco años de internamiento prevista en la legislación nacional resulta baja frente a la gravedad de estos hechos. Adelantó que propondrá un estudio para impulsar posibles reformas a nivel nacional.
El planteamiento ocurre tras el caso de una bebé de un año que murió en Saltillo por presunta violencia, por el que fueron señalados como probables responsables su madre, de 17 años, y su pareja, de 16. Ambos adolescentes quedaron sujetos a un proceso judicial, un caso que vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre las sanciones aplicables a menores de edad que cometen delitos graves.
“Me parece desde mi punto de vista muy baja la sanción, la pena que se impone a una persona que, como bien decíamos, por un día pudiera cometer un delito como quitarle la vida a otra persona”, expresó Mery Ayup al referirse a las diferencias entre las sanciones para adolescentes y adultos.
El magistrado explicó que la edad de una persona, al momento de cometer un delito, puede modificar considerablemente las consecuencias legales. Para ejemplificarlo, mencionó el caso de Torreón, donde dos jóvenes de 18 años fueron procesados por el homicidio de la subdirectora de una secundaria y las lesiones ocasionadas a otras personas durante un ataque ocurrido en el plantel. En ese caso, señaló, las penas para adultos pueden alcanzar varias décadas de prisión, a diferencia de las sanciones previstas para adolescentes.
Mery Ayup indicó que la discusión sobre las penas para menores ya se ha llevado a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), donde se han abordado posibles modificaciones a la legislación nacional. Añadió que promoverá un estudio para analizar si las sanciones deben incrementarse cuando los adolescentes cometen delitos de especial gravedad.
Sin embargo, reconoció que el sistema de justicia para adolescentes también busca su reintegración a la sociedad mediante tratamientos y mecanismos de atención acordes con su etapa de desarrollo. Consideró que una eventual reforma debe tomar en cuenta este objetivo, aunque sostuvo que las sanciones deben corresponder a la gravedad de los delitos cometidos.
El magistrado también advirtió sobre la diferencia que puede existir entre las penas aplicables a una persona menor de 18 años y las que enfrenta quien ya alcanzó la mayoría de edad. Informó que, incluso un día de diferencia, puede modificar sustancialmente el castigo previsto por la ley, por lo que consideró necesario revisar el marco legal vigente.
En cuanto a las causas de la violencia, Mery Ayup señaló que es necesario atender los problemas desde su origen, especialmente en los entornos familiar y escolar, además de los factores relacionados con el consumo de drogas y alcohol. Sostuvo que la prevención requiere la participación de las familias, las escuelas y las comunidades.
Por otra parte, aseguró que las personas involucradas en los casos recientes de violencia en Coahuila permanecen sujetas a proceso conforme a las disposiciones legales correspondientes. También afirmó que las resoluciones judiciales se determinan con base en las pruebas presentadas ante los jueces y no por presiones o señalamientos difundidos en redes sociales.
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