Severo Recio
Ciudad de México, noviembre 19 (Más).- Juan Manuel Muñoz Luévano, el Mono Muñoz, fue detenido nuevamente en Madrid a petición de Estados Unidos, que lo reclama por fraude mediante transferencias bancarias, contrabando de productos petrolíferos y lavado de dinero. El empresario coahuilense, señalado desde hace una década como presunto enlace de Los Zetas en Europa, regresó a prisión después de haber recuperado la libertad en Texas en 2019 y de enfrentar otro proceso en México en 2025.
La nueva captura revive uno de los señalamientos más graves contra Muñoz, que fue la presunta orden de asesinar a una fiscal de Coahuila. Según las conversaciones intervenidas por la policía española y reveladas por El País en 2016, pidió a su sobrino Salomón Ayup que la matara porque no les había advertido de una orden de detención contra él. España alertó a las autoridades mexicanas para intentar protegerla, pero, al publicarse la investigación, los fiscales españoles aseguraban que no habían recibido respuesta y desconocían la suerte de la funcionaria.
Pese a ese antecedente, Muñoz volvió a estar en libertad. En 2019 se declaró culpable de conspiración para lavar dinero en Texas y alcanzó un acuerdo de cooperación con la justicia estadounidense que le permitió salir de prisión. En 2025 fue detenido nuevamente en Torreón por presuntas amenazas y posesión de droga, pero un juez autorizó que siguiera ese proceso en libertad. Después regresó a Madrid, donde permanecía hasta su reciente captura. Ninguno de esos desenlaces judiciales, según los textos de El País, esclareció públicamente el presunto plan contra la fiscal.
De acuerdo con información de El País, su trayectoria judicial se entrelaza con operaciones de cocaína, envíos de dinero a México, negocios gasolineros, conversaciones sobre agresiones y presuntas relaciones con funcionarios. Los antecedentes de 2016 permiten reconstruir el perfil del hombre capturado esta semana.
Fuentes judiciales citadas por el periódico situaron el arresto el miércoles 18 de noviembre por la tarde, cuando Muñoz salía de un edificio en el centro de Madrid. La Policía Nacional realizó la detención sin incidentes relevantes, según la información aportada al reportaje por J. J. Gálvez.
El jueves 19 compareció ante el Juzgado 1 de la Audiencia Nacional, dirigido por Francisco de Jorge. La autoridad judicial ordenó prisión comunicada y sin fianza. Muñoz se opuso a su entrega a Estados Unidos.
Entre los antecedentes más graves figura una presunta orden de asesinar a una fiscal de Coahuila. Según las escuchas reveladas en 2016, Muñoz pidió a su sobrino Salomón Ayup que matara a la funcionaria porque no les había advertido de una orden de detención contra él. El reportaje señalaba que la fiscal supuestamente colaboraba con la organización.
La Fiscalía Anticorrupción española levantó el secreto de la investigación para alertar a México e intentar protegerla. Al publicarse aquellos hechos, los investigadores españoles afirmaban que no habían recibido respuesta y desconocían qué había ocurrido con ella. Ese señalamiento pertenece a la investigación de 2016; la nueva reclamación estadounidense corresponde a los delitos financieros y petroleros ahora comunicados por la Audiencia Nacional.
Los primeros registros que describen las investigaciones se remontan a 2012. En dos computadoras intervenidas después en la vivienda madrileña de Muñoz aparecieron cinco hojas de un archivo de Excel llamado sam 16254.xlsx y un documento de Word, director dólares.docx. Los archivos reflejaban movimientos de 2012 y 2013: cocaína enviada a Europa, precios de venta, conversiones de divisas y entregas de efectivo en México.
La hoja Inventario registraba 2 mil 100 kilogramos de cocaína introducidos en Europa entre el 11 y el 17 de febrero de 2012, una operación que el informe describía como de seis días. Los documentos situaban el precio por kilogramo entre 32 mil y 34 mil euros y contabilizaban ingresos por 63 millones de euros, convertidos posteriormente en 75.6 millones de dólares.
Según El País, las autoridades españolas atribuyeron la elaboración inicial de la contabilidad a Ricardo Fuyivara Romero. En junio de 2012, Fuyivara viajó a España con su pareja, Marisol González López. Como no encontraron sus nombres en registros de hoteles madrileños, los investigadores sospechaban que se hospedaron con Muñoz en La Moraleja.
En julio de aquel año, Fuyivara fue detenido en México. La organización trasladó a España su computadora portátil Sony y la dejó en manos de Muñoz, quien presuntamente continuó las anotaciones. Una partida registraba como pérdida por accidente 900 mil dólares, cantidad que, según el informe, había sido incautada en una maleta durante esa detención.
Ese mismo mes de julio de 2012, Muñoz se reunió en el hotel Marriott de Ámsterdam con José Antonio Guzmán Retes, identificado como Gallo. Los investigadores consideraban a Holanda un punto central para distribuir la cocaína y relacionaron las fechas del encuentro con el traslado a México del dinero de las ventas.
Los archivos detallaban 59 entregas millonarias. El efectivo viajaba en maletas, bolsas y cajas de cartón, y se entregaba en hoteles de Ciudad de México como el Regente, Marquis Reforma, Camino Real Polanco y establecimientos Fiesta Americana. También aparecían estacionamientos de Soriana, lugares próximos a Antara Fashion Hall, en Polanco, y agencias de automóviles.
Entre los receptores figuraban los alias Bebe, Pedro, Rich, Juan, Rafa y Tony. Los investigadores consideraban que Bebe podía ser Juan Cuitlahuac Martínez Hernández y que Tony correspondía a Ricardo Fuyivara.
La hoja Saldos recogía operaciones de Gallito y Hermano, identificados por la policía como José Antonio Guzmán Inzunza, hijo de Gallo, y Said Rbib Erraouy. A Gallito se le atribuían 19 entregas, una comisión del 16% y ganancias por un millón 120 mil 288 euros. A Said, también llamado Sami, se le asignaba la distribución de entre 635 y 677 kilogramos, comisiones de entre 10% y 16%, y dos millones 529 mil 345 euros de ganancias.
Otros apartados, llamados movimientos y director, describían las ventas, su conversión a dólares y el retorno del dinero. Los gastos del envío eran cubiertos por personas identificadas como los ingenieros. Allí aparecían Andrés, Arévalo, Rege, Edgar y LC Pulido; este último podía ser Omar Ascensión Pulido Flores, según la interpretación policial.
La última anotación de la tabla registraba una entrega de 50 mil dólares a hermana, el 26 de julio de 2013, en el centro comercial Reforma 222 de Ciudad de México. Los agentes planteaban que podía tratarse de María del Carmen o Hypatia, hermanas de Muñoz.
Durante el registro también fue localizada una carta de Fuyivara al empresario. Desde prisión agradecía el apoyo y la protección brindados a su familia, ofrecía reciprocidad, expresaba confianza en recuperar la libertad y esperaba que esa experiencia estrechara el compadrazgo entre ambas familias.
La documentación no se limitaba al dinero. Una conversación del 14 de octubre de 2013, a las 21:30 horas, mencionaba una supuesta relación entre Muñoz y Gerardo Garza Melo, identificado en el reportaje de 2016 como secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial de Coahuila.
En aquella llamada, un interlocutor identificado como Humberto comentó a otro hombre una versión sobre presuntos negocios entre ambos y una posible investigación de la CIA. La referencia fue recogida en un oficio de la UDEF enviado el 21 de octubre de 2015 al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
El 27 de mayo de 2014, otra conversación fue interpretada por los agentes como una solicitud de préstamo de Alejandro Froto García, quien había sido subsecretario de Hacienda durante el gobierno de Humberto Moreira. Se hablaba de 10 mil pesos para reparar un barco y de devolverlos en 15 días. Muñoz autorizó el dinero e indicó que lo pidieran a una persona llamada Mireia.
Una llamada del 7 de junio de 2014, a las 18:54 horas, mencionó a Jesús Torres Charles como alguien cercano a Rubén Moreira que podía favorecer los intereses de Muñoz. El reportaje recordó sus antecedentes como fiscal durante el gobierno de Humberto Moreira y como consejero jurídico durante la administración de Rubén Moreira.
El 27 de junio de 2014, a las 00:18 horas, las escuchas captaron un episodio distinto: Muñoz habló con un hombre llamado Gustavo y con su padre por una supuesta deuda de 24 millones de pesos, equivalentes entonces a un millón 122 mil 842 euros.
De acuerdo con el informe, el empresario amenazó con secuestrar a Gustavo como garantía hasta que devolviera el dinero y cubriera los gastos. El deudor pidió una oportunidad y más tiempo; Muñoz rechazó ambas peticiones, lo remitió a un banco si quería plazos y aludió a que antes apreciaba a su familia. Sus subordinados lo llamaban Ingeniero.
El 12 de agosto de 2014, Muñoz recibió en el aeropuerto de Madrid-Barajas a Gallo y a Gallito, llegados desde México. Los agentes grabaron tres reuniones de los visitantes con el empresario. Las comunicaciones continuaron cuando Gallo regresó a México.
Aunque utilizaban teléfonos que consideraban seguros, la policía intervino las conversaciones. Los investigadores interpretaron las referencias a maquinitas nuevas que entregaría Sami como alusiones a esos equipos de comunicación.
Said Rbib era considerado una pieza clave: presuntamente abastecía de cocaína a compradores y distribuidores europeos y proporcionaba terminales y sistemas de comunicación protegidos a los integrantes de la red. Durante sus viajes a Madrid utilizaba vehículos de Muñoz, especialmente un Range Rover y un Jaguar.
Las escuchas de aquel verano también describieron castigos en negocios gasolineros de Coahuila. El 27 de agosto, un hombre identificado como Ricky informó de que habían descubierto a un empleado que supuestamente sustraía seis litros diarios de combustible. Tras diez años de trabajo lo habían despedido sin indemnización y enviado a Bebe y Chido, quienes le dieron golpes con una tabla.
En otra conversación del mismo verano se habló de una empresa de Rebeca, madre de Andrés, que supuestamente debía un millón de pesos, equivalentes entonces a 46 mil 793 euros. Muñoz pidió que fueran contra la madre y avisaran al hijo.
El 19 de noviembre de 2014, a las 18:09 horas, uno de sus hombres reportó que habían capturado a alguien acusado de robarles la semana anterior. Muñoz ordenó que lo golpearan.
El 28 de noviembre, a las 00:27 horas, otro interlocutor informó que habían buscado en su casa a una persona que se ocultaba. Al no encontrarla, amenazaron a su tío y esperaban que el buscado se comunicara. También relataron una visita a un taller, donde Chido advirtió que pasarían de las advertencias a la violencia.
Los hombres explicaron que eran cuatro y no habían entrado para evitar riesgos, pero que volverían más numerosos y preparados. Muñoz preguntó por agentes federales que, según la conversación, debían acompañarlos. Le respondieron que no habían podido acudir y que Zamora hablaría con ellos para una nueva incursión. El empresario extendió la amenaza a la familia del deudor.
Ese mismo noviembre, un hombre llamado Gordito informó sobre la intención de tomar un tráiler como pago de deudas. Muñoz pidió identificar a la esposa del deudor, localizar su domicilio y fotografiarla como presión para obtener el dinero.
El 29 de enero de 2015, otro reporte desde México comunicó que habían capturado a una persona señalada por robar en establecimientos de Mirasierra. El interlocutor dijo que despachadores habían ayudado a identificarla y empleó expresiones que los agentes interpretaron como indicios de una desaparición. Muñoz reaccionó favorablemente y sugirió recompensar a quien había intervenido.
El 9 de mayo de 2015, a las 22:31 horas, una nueva llamada volvió a los contactos administrativos. Una persona expuso dificultades con autoridades de alcoholes y Muñoz respondió que, si el problema era con Garza Melo, podía resolverlo de inmediato.
Las investigaciones españolas desembocaron en la primera captura del empresario el 18 de marzo de 2016, en su casa de La Moraleja. Allí vivía con su familia desde hacía varios años y, según la hipótesis policial, coordinaba operaciones de cocaína hacia Europa. Estados Unidos solicitó su extradición.
La investigación de entonces estuvo dirigida por el juez Santiago Pedraz y los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa. Los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal describían cercanía con alcaldes, legisladores, candidatos, jueces, procuradores y exprocuradores mexicanos.
El País citó a Homero Ramos, Adrián de la Garza y Jesús Torres Charles entre los funcionarios o exfuncionarios mencionados en esos documentos. También recogió la hipótesis policial de que Muñoz habría intentado intimidar al entonces gobernador Rubén Moreira con información reservada. Se trataba de señalamientos contenidos en la investigación, no de condenas contra las personas citadas.
La policía cuestionaba además el origen del dinero que sostenía su vida en España. Según sus informes, había constituido sociedades sin actividad comercial ni capital suficiente y utilizado administradores terceros. Los agentes decían no encontrar ingresos lícitos en ese país que explicaran las inversiones y el gasto del empresario y su familia.
Describían automóviles de alta gama, hoteles de cuatro y cinco estrellas, viajes nacionales e internacionales, gastos de ocio propios y de terceros y compras de relojes Rolex y artículos Bulgari. En ocasiones intervenía su hijo en las inversiones. En México, la investigación le atribuía alrededor de 30 gasolineras en Saltillo, ranchos, terrenos, propiedades urbanas y un avión privado.
Los reportajes también explicaron que, con base en información estadounidense, la policía consideraba que operaba de forma independiente con diferentes organizaciones: Los Zetas, Sinaloa, el Golfo y Beltrán-Leyva. La DEA y las autoridades estadounidenses lo vinculaban con una red de lavado de los hermanos González Treviño en México y Nueva York, y la policía señalaba sus gasolineras como posibles vehículos para blanquear ganancias.
El expediente se cruzaba con la investigación contra Rolando González Treviño, señalado por manejar cuentas del Gobierno de Coahuila. González Treviño se declaró culpable y pactó con fiscales de San Antonio, Texas, que trabajaban con ayuda de la justicia española.
El País publicó que él y testigos protegidos atribuyeron a Humberto Moreira desvíos de recursos presuntamente destinados a financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El contexto incluía el endeudamiento dejado por la administración de Moreira en Coahuila.
El exgobernador y expresidente del PRI negó sus vínculos con Los Zetas. En una carta al periódico recordó que la justicia española no encontró elementos para atribuirle pertenencia a una organización criminal y que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ratificó esa resolución.
Moreira también sostuvo que la entonces Procuraduría General de la República lo había investigado durante el gobierno de Felipe Calderón y que esas pesquisas lo habían exonerado. El reportaje recordó que fue detenido y liberado en España en 2016, que vivía en Barcelona con su esposa y dos hijas y que la embajada mexicana realizó gestiones en su favor.
El siguiente momento decisivo para Muñoz llegó en 2019. En un tribunal de Texas se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y alcanzó un acuerdo de cooperación con la justicia que le permitió recuperar la libertad.
La crónica actual de El País señala que admitió uno de los cuatro cargos que enfrentaba. Al recuperar información del San Antonio Express News, añadió que evitó una pena máxima de 20 años. Los textos proporcionados no detallan qué información entregó como parte del acuerdo.
En 2025 fue detenido otra vez, ahora en Torreón. Según las crónicas locales recogidas por El País, amenazó a agentes cuando presuntamente intervenía en apoyo de camiones cisterna con combustible de contrabando. Durante el arresto, los policías también le encontraron droga.
Un juez permitió que continuara el proceso en libertad al considerar menores los delitos imputados. Después dejó de aparecer públicamente y volvió a establecerse en Madrid.
En julio de 2025, la Fiscalía de Coahuila cateó un rancho vinculado con él en Arteaga. Los agentes encontraron una pipa, más de 15 tanques con combustible y una caja de tráiler con alteraciones en sus números de serie. Siete personas fueron detenidas.
La nueva captura ocurre también en un contexto de investigaciones sobre contrabando de hidrocarburos. El País recogió una referencia de Reforma a un operativo federal de octubre de 2026 en Eagle Pass, Texas, que culminó con el arresto del empresario Julio Rodolfo González, señalado por presunto contrabando de diésel hacia Coahuila. Esa referencia aporta contexto; el texto no establece una participación conjunta de ambos empresarios en el mismo expediente.
Hasta la publicación del reporte del 19 de noviembre se desconocía qué actividades desarrollaba Muñoz durante su nueva estancia en España. Lo confirmado era su regreso a la Audiencia Nacional, diez años después de la primera captura, con una nueva reclamación estadounidense y una orden de prisión sin fianza.
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