Uruapan, Michoacán, 04/11/25 (Más).- La organización Causa en Común exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, al considerar que la Fiscalía de Michoacán carece de capacidad técnica y autoridad moral para llevar el caso. El edil fue ejecutado a balazos el pasado 1 de noviembre durante un evento público en el centro de la ciudad, en el marco del Festival de las Velas por el Día de Muertos.
De acuerdo con declaraciones recabadas por Animal Político, Asael Nuche, investigador de la organización, subrayó que existe desconfianza hacia las autoridades locales y recordó que el propio Manzo había denunciado previamente hostigamiento de cuerpos de seguridad estatales, corrupción e incluso posibles vínculos de funcionarios con el crimen organizado. “La respuesta del gobierno debe ser contundente (…) porque también hay desconfianza hacia la autoridad local”, declaró.
El especialista también criticó al gobierno federal por no haber detectado el nivel de riesgo que enfrentaba el alcalde. Afirmó que no existía coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno para protegerlo, y señaló que la vigilancia por parte de la Guardia Nacional era limitada a un perímetro, sin una escolta directa de proximidad. “No había absoluta coordinación ni con el gobierno estatal ni con el federal”, agregó.
En lo que va de 2025, Causa en Común ha registrado al menos 56 asesinatos de actores políticos en el país, siete de ellos alcaldes en funciones. Entre los casos más recientes se encuentran los de Mario Hernández García, edil de Santiago Amoltepec, Oaxaca; Isaías Rojas Ramírez, de Metlatónoc, Guerrero; Salvador Bastida García, de Tacámbaro, Michoacán; así como Lilia Gema García Soto y Martha Laura Mendoza, presidentas municipales de San Mateo Piñas, Oaxaca, y Tepalcatepec, Michoacán, respectivamente. A esta lista se suma Miguel Bahena Solórzano, alcalde de Pisaflores, Hidalgo, ejecutado el 20 de octubre.
El asesinato de Manzo ha intensificado las críticas sobre la estrategia de seguridad nacional. Nuche sostuvo que la violencia política no ha disminuido a pesar del cambio de gobiernos y estrategias. Aseguró que persiste una dinámica de violencia iniciada desde el sexenio de Felipe Calderón, ahora agravada por otros delitos como desapariciones, extorsiones y robo de hidrocarburos. “No está pacificándose el país, los hechos de violencia en Michoacán confirman que, ante la narrativa del gobierno, se estrella con la realidad cada vez que ocurren este tipo de eventos”, advirtió.
La demanda de que la FGR tome el control de la investigación busca garantizar independencia, transparencia y mayor alcance en las indagatorias, en un contexto donde la violencia contra figuras políticas se ha convertido en una constante que amenaza la gobernabilidad local en diversas regiones del país.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.