Por Juan Rocha
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Ante el inusitado incremento de casos de violencia contra la mujer, los diputados del Congreso exhortaron a los tres niveles de gobierno a intensificar los programas para combatir la problemática y que involucren a la sociedad en general para fortalecer la educación con perspectiva de género.
El punto de acuerdo, considerado como de urgente y obvia resolución, fue aprobado por unanimidad del Pleno y se envió para lo correspondiente a los órdenes de gobierno respectivos.
Dicha propuesta se justificó en el sentido de que, en Saltillo, por ejemplo, se atienden de 10 a 15 mil reportes de violencia familiar que involucran en su mayoría a mujeres, niñas, niños y adolescentes como víctimas.
Además, que esta capital y la ciudad de Torreón figuran entre los 100 municipios con presuntos delitos de feminicidios entre enero y julio del 2021 de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por ello se consideró en este exhorto la necesidad de fortalecer los programas educativos especialmente para atender a la población infantil en los centros educativos con el objetivo de que niñas y niños sean tratados como sujetos activos capaces de contribuir a la construcción de una cultura de paz, equidad y libre de violencia de género en la entidad.
Entre los dictámenes y propuestas, el grupo parlamentario de MORENA expuso ante el Pleno un punto de acuerdo relacionado con la reforma a la Constitución Política de Coahuila encaminado a establecer la revocación de mandato como figura jurídica.
Dicha iniciativa, con proyecto de decreto, fue presentada por la diputada Lizbeth Ogazón Nava: “con el fin de que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho a nivel local y que no únicamente el Ejecutivo Federal esté expuesto al escrutinio de su mandato”.
Y explicó que la figura jurídica consiste en convocar a las urnas al pueblo coahuilense para que determine si quiere que el Gobernador constitucional continúe en su cargo o, de lo contrario, que sea removido democráticamente por el voto de los electores, incluso propuso que alcaldes, regidores, síndicos y diputados locales estén sujetos a las mismas disposiciones.
Y para que sea procedente tal procedimiento la legisladora comentó que sería prudente considerar los mecanismos que establezcan las autoridades competentes, que sea solicitada por al menos el 10% de los electores correspondientes a la demarcación territorial de la autoridad sujeta, que el número de votantes fuese la misma cantidad con la que la autoridad fue electa, pero que el proceso pudiese ser convocado al haber transcurrido una tercera parte del mandato de la autoridad y que en ningún caso se realizara en más de una ocasión.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y posterior dictamen.
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