Saltillo, Coahuila, 08/04/25 (Más).- Conductores de transporte entre particulares mediante aplicación protestaron frente al Congreso del Estado en demanda de una reforma a la ley estatal que regula el servicio que brindan, con el fin de que se flexibilicen requisitos que les resultan difíciles de cumplir.
Aunque el pliego petitorio que presentaron contempla 11 puntos, el conflicto se centra en la antigüedad máxima de las unidades para prestar el servicio, el tipo de vehículo permitido, el valor factura mínimo exigido y la propiedad del automóvil.
“Estamos en la disposición de realizar nuestros trámites correspondientes, pero solicitamos el apoyo de nuestro gobernador Manolo Jiménez y a la Secretaría de Movilidad y Transporte con los requisitos que se nos complica cumplir, como los modelos del vehículo; actualmente la ley nos pide solamente cinco años de fecha de fabricación y necesitamos un tiempo más para los modelos que no pasan”, se lee en el pliego petitorio.
Según el documento entregado al Congreso del Estado, los conductores se comprometen a cumplir con la revisión físico-mecánica de las unidades y a firmar una carta con el compromiso de cambiar de vehículo en el plazo de un año.
“No tenemos problemas con otros requisitos para regularizarnos, al contrario, estamos de acuerdo”, indicó en entrevista Estrella, quien, sin revelar su apellido, se identificó como la titular de la Comisión de Organización del Grupo de Conductores Independientes. “Y sí, efectivamente, nos habían apoyado de noviembre a diciembre, bueno, hasta la fecha, que quitaron los operativos para que hiciéramos los trámites y habíamos logrado una negociación, pero esta negociación terminó en diciembre”.
La Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila permite la prestación del servicio de transporte entre particulares en vehículos de hasta cinco años de antigüedad —cuando para los taxis con concesión es de hasta diez años—, que sean tipo sedán y que tengan un valor mínimo de poco más de 311 mil pesos.
En cuanto a la propiedad del vehículo, la ley establece que el titular del registro debe ser el dueño de la unidad, lo que impide que un mismo automóvil pueda ser operado por distintas personas.
“Nos permite nada más un permiso por auto, pero hay familias que se rolan (la unidad), entonces pues es un ingreso para la familia, es un ingreso para la familia que se necesita y se requiere. Pero por la ley no se permite dos permisos o que dos personas conduzcan el mismo auto”, explicó la representante.
Estrella reiteró que su demanda actual es de facilidades para cumplir con el registro de los conductores ante el Gobierno del Estado.
“Muchos de nosotros teníamos poquito en este servicio y no teníamos el conocimiento de la ley. Sabemos que el desconocimiento de la ley no te exime de ella, pero pues ahorita que empezaron los operativos, nos empezamos a informar, quisimos irnos a regularizar y pues ya no pudimos”, manifestó.
En los últimos días se han presentado acciones por parte de la autoridad. En Monclova, el lunes se reportó que siete vehículos de plataforma fueron decomisados por incumplir obligaciones.
Los manifestantes fueron atendidos por un funcionario de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, quien recibió el pliego petitorio y les informó que tramitaría una reunión con diputados.
La regulación del servicio de transporte entre particulares está contenida en el Capítulo VII de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable, mismo que, desde una reforma realizada en diciembre de 2019, define las obligaciones tanto para las empresas de redes de transporte como para los conductores, y establece los requisitos de las unidades para brindar el servicio.
Las sanciones económicas por no contar con la documentación exigida son de entre 2,262 y 3,394 pesos, de acuerdo con la legislación vigente. Existen sanciones más elevadas —de más de 56 mil pesos— para otro tipo de incumplimientos, como brindar el servicio sin estar registrado en una empresa de redes de transporte.
De acuerdo con los manifestantes, el registro ante el Gobierno del Estado les genera una erogación de aproximadamente 4 mil pesos, además de tener que tramitar la licencia de conducir tipo D para el servicio público, la cual tiene un costo muy similar al de la licencia de conducir tipo A para servicio particular, que, según la ley, no es válida para prestar el servicio de transporte entre particulares.
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