Ciudad de México, 15 abr (EFE).- La organización civil Red Familia pidió abrir un debate “serio, informado y responsable” sobre la legalización de la eutanasia y el derecho a una muerte digna, en la llamada ley Trasciende, impulsada en el Senado mexicano por la activista Samara Martínez, ante la posibilidad de que avance por la vía rápida.
En un posicionamiento público, la agrupación señaló que una discusión de esta magnitud no debe reducirse a “consignas emocionales ni a una falsa disyuntiva entre compasión y sufrimiento”.
“No se trata de elegir entre aliviar el dolor o respetar la vida; el verdadero reto es garantizar ambas cosas y así acabar con el dolor, no con el doliente”, afirmó Laura Hernández, directora de asuntos públicos de la organización.
La agrupación expresó preocupación porque la iniciativa se presenta como un acto de sensibilidad, cuando —a su juicio— implica redefinir los límites legales y culturales sobre el valor de la vida humana en contextos de enfermedad y vulnerabilidad.
Cuidados paliativos deben ser prioridad
Red Familia subrayó que la urgencia en México es garantizar el acceso efectivo a cuidados paliativos integrales, y no legalizar la eutanasia. Según datos recientes, apenas el 5% de los pacientes terminales en el país tiene acceso a este tipo de atención.
“Antes de abrir la puerta a que el sistema jurídico autorice provocar la muerte, el Estado debe garantizar que ninguna persona solicite morir por abandono, miedo, soledad, depresión o falta de atención médica oportuna”, indicó.
Añadió que un sistema de cuidados paliativos bien implementado puede reducir hospitalizaciones y costos al sistema de salud, al tiempo que permite a los pacientes vivir sus últimos momentos con dignidad y sin dolor evitable.
El posicionamiento coincide con críticas expresadas por la Arquidiócesis de México, que cuestionó la redefinición del concepto de “muerte digna” en la iniciativa y sostuvo que toda vida es digna por sí misma, independientemente del sufrimiento.
La iniciativa de ley Trasciende se encuentra en una etapa clave en el Senado. El 16 de abril se realizará un diálogo encabezado por Samara Martínez, y el 23 de abril está previsto un conversatorio con especialistas en aspectos médicos, jurídicos y sociales.
El objetivo, según la activista, es obtener un dictamen antes del 30 de abril para que la propuesta avance en el proceso legislativo.
En México, 20 de las 32 entidades federativas —incluida la capital— cuentan con leyes de voluntad anticipada, que permiten a los pacientes rechazar tratamientos médicos en situaciones críticas, lo que se conoce como eutanasia pasiva.
De otro lado, Uruguay dio un nuevo paso hoy, después de que el presidente Yamandú Orsi firmara el decreto reglamentario de la Ley de Muerte Digna, aprobada en octubre de 2025 en la Cámara de Senadores y que legaliza la eutanasia.
De esta forma, el país suramericano conformará una Comisión Honoraria de Revisión que será presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá como objetivo la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia.
Además, se suma a la lista el caso de la joven Noelia Castillo, quien murió en Barcelona tras recibir la eutanasia luego de casi dos años de litigio judicial, se ha convertido en un símbolo del debate sobre el derecho a una muerte digna en España.
Su decisión, respaldada por evaluaciones médicas y avalada por distintas instancias judiciales, enfrentó la oposición de su padre y de organizaciones que cuestionan la legislación vigente.
La prolongación del proceso, que se extendió por 601 días, ha sido señalada por sus defensores como un ejemplo de cómo la judicialización puede retrasar el ejercicio de un derecho ya reconocido por la ley.
En contraste, críticos consideran que el caso evidencia vacíos legales, especialmente en situaciones relacionadas con la salud mental, y cuestionan el papel de las instituciones en la protección de los pacientes.
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