Piden a alcaldes electos ponerse las pilas

Por Miguel Villarello

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Alcaldes electos deberán aplicarse en las normativas de validación para sus proyectos de desarrollo futuros y que emprenderán una vez que asuman funciones en enero del 2022, advierte la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión.

Francisco Saracho, titular del ramo, dio a conocer que la dependencia estatal ya hace contacto con alcaldes electos: «precisamente para hacerles hincapié en que sus proyectos con los que inician su administración sean validados a tiempo y por la normativa correspondiente».

«Por ejemplo, si van a desarrollar algún proyecto de agua y drenaje la normativa le corresponde a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento”, agregó.

“O si la obra es relacionada con la electrificación, deberá ser validada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, expuso.

Estas acciones a efecto de poder conjugar los esfuerzos tanto municipal como estatal, debido a que los municipios cuentan con recursos para poder destinarlos al combate a la pobreza.

El funcionario dio a conocer asimismo que recientemente se presentó un informe que emite la CONEVAL en el sentido de que Coahuila ha avanzado mucho en el combate a la Pobreza y ha evolucionado hasta colocarse entre los primeros cuatro lugares con menor pobreza a nivel nacional.

“Estos son avances que tienen que ver con el combate al hacinamiento, contra la pobreza alimentaria y la mejora de servicios elementales”, añadió.

En ese tenor, aseguró, el Estado buscará la manera de que el alcance y logros sean mayores en 2022: “y ello se logrará trabajando de la mano con los ayuntamientos”.

Sin mencionar el monto del presupuesto para 2022 en cuanto a desarrollo social e inclusión, el funcionario destacó que el presupuesto global para el estado de Coahuila está por definirse la próxima semana, entre el 15 y 21 de octubre.

No obstante, reconoció al final que no ha habido recortes al presupuesto de desarrollo social por parte del Estado, que el 90 por ciento de los recursos que aplica la Secretaría provienen del Gobierno del Estado, puesto que para desarrollo social llega un presupuesto federal mínimo.


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