Washington, 14/05/24 (Más / IA).- La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación de funcionarios penitenciarios de California que buscaban inmunidad ante demandas relacionadas con un brote de covid-18 en la prisión de San Quintín, en mayo de 2020.
El traslado de reclusos infectados desde la Institución de California para Hombres en Chino a San Quintín desató un contagio masivo que resultó en la muerte de 26 presos y un guardia.
La decisión de traslado, que en su momento no registró casos en San Quintín, fue posteriormente calificada por legisladores estatales como un “fiasco” y “la peor metedura de pata en la salud de la prisión en la historia del estado”.
Los 122 reclusos trasladados de Chino a San Quintín llevaron consigo el virus, que se propagó rápidamente, infectando a más de 2 ml 100 reclusos y 270 miembros del personal.
Las demandas presentadas por las familias de los fallecidos y los afectados por el brote pueden continuar tras la negativa de los tribunales federales de California y la Corte Suprema a reconocer la “inmunidad calificada” de los funcionarios penitenciarios.
El caso destaca la controversia en torno a la defensa de la inmunidad calificada, que suele proteger a los oficiales de policía de demandas, pero que no se aplica cuando se violan derechos “claramente establecidos”.
En el caso de la prisión, se argumenta que los funcionarios actuaron sin las precauciones necesarias, exponiendo a personas como el sargento Gilbert Polanco, quien falleció a causa del virus, a un riesgo evitable.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos sostuvo que los funcionarios penitenciarios expusieron a Polanco a un peligro que no habría enfrentado de otro modo.
La Corte Suprema reconoció previamente el derecho de los presos a ser protegidos contra la imposición innecesaria de dolor y la indiferencia deliberada hacia sus necesidades médicas graves.
Los fiscales del estado de California habían solicitado a la Corte Suprema revisar las decisiones del Noveno Circuito, argumentando que no existía una ley claramente establecida que advirtiera a los funcionarios sobre la inconstitucionalidad de su gestión de la pandemia en la prisión de San Quintín. Sin embargo, la Corte Suprema decidió no intervenir, permitiendo que las demandas procedan.
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