Culiacán, Sinaloa, 22/01/26 (Más).- El periodista Ernesto Martínez, colaborador del medio digital Los Noticierista, fue agredido y amenazado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa el pasado 19 de enero, mientras realizaba una cobertura periodística en la carretera Culiacán-Mazatlán, tras un enfrentamiento armado entre civiles y fuerzas de seguridad que dejó una persona muerta.
De acuerdo con la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, Martínez se encontraba documentando la escena cuando varios policías estatales se acercaron para exigirle que dejara de grabar. El reportero se identificó como periodista y les explicó que estaba realizando su trabajo. A pesar de ello, los uniformados lo ignoraron, comenzaron a golpear su vehículo y le ordenaron que descendiera.
Una vez fuera del automóvil, el periodista fue agredido físicamente, según su testimonio. Los agentes lo tomaron del cuello y le rompieron su chaleco rotulado de prensa, además de exigirle su celular. Posteriormente, le tomaron fotografías sin su consentimiento y lo amenazaron diciendo que lo grababan para ir por él a su casa, denunció ante Artículo 19.
La organización exigió a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa que asuma su responsabilidad de respetar y proteger el trabajo de los periodistas, de acuerdo con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, instó a la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos y Protección de Personas Periodistas del Estado a realizar una investigación exhaustiva, diligente y conforme al protocolo homologado para delitos contra la libertad de expresión.
“Las amenazas y la destrucción de material periodístico constituyen violaciones directas a la libertad de expresión. Es deber del Estado prevenir, investigar y sancionar estas agresiones”, subrayó Artículo 19 en un comunicado.
Otro caso de agresión en Puebla
El caso de Ernesto Martínez se suma a otro registrado este mes en Puebla, donde la periodista María Luisa Ruíz fue detenida por policías municipales en Santiago Miahuatlán, bajo la acusación de usurpación de funciones por no portar acreditación visible mientras grababa un operativo en la vía pública.
La reportera fue jaloneada, golpeada y trasladada a la comandancia, a pesar de identificarse reiteradamente como periodista. Según el testimonio recabado por Artículo 19, los policías también la amenazaron con remitirla al Ministerio Público.
Estos casos ponen en evidencia el creciente patrón de hostigamiento y violencia institucional contra periodistas en México, y reavivan el llamado a que las corporaciones policiales reciban capacitación sistemática en derechos humanos y libertad de prensa, así como la urgente necesidad de garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico en el país.
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