Ciudad de México, 18/08/25 (Más).- La estrategia del Gobierno de México para revitalizar a Petróleos Mexicanos (Pemex) ha generado una nueva polémica en torno al uso del fracking, una técnica de extracción que ha sido rechazada por ambientalistas, parte de la comunidad científica y funcionarios del propio gobierno.
Aunque el Plan Estratégico 2025-2035 presentado a inicios de agosto contempla la reactivación de la evaluación de yacimientos de geología compleja, esta intención se contradice con declaraciones públicas de altos funcionarios que aseguran que no se utilizará fracturamiento hidráulico.
En dicho plan, se señala que el 57 por ciento de los recursos prospectivos del país, estimados en 113 mil millones de barriles de petróleo, se encuentra en yacimientos no convencionales. Esta proporción representa una oportunidad para aumentar las reservas y frenar el descenso de la producción, según el documento.
Sin embargo, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, afirmó días después en el Foro Nacional de Energía, realizado en el Senado, que la empresa estatal no recurrirá al fracking.
Al mismo tiempo, reconoció la necesidad de evaluar yacimientos no convencionales y admitió que enfrenta el reto de sustituir campos productivos por otros de menor rendimiento. “No estamos haciendo explotación de recursos ahorita de yacimientos no convencionales; lo que estamos haciendo es la evaluación de cuánto podríamos obtener, cuál podría ser la producción, cuál la recuperación e ingresos”, declaró.
Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, declaró en entrevista con El País que no se contempla aplicar esta técnica. “Estamos completamente en contra de eso. Nadie está planteando eso. Sin embargo, tenemos que hacernos cargo de que hay que incrementar la producción de gas”, afirmó.
El fracking, también conocido como fracturamiento hidráulico, consiste en inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y aditivos químicos en formaciones rocosas para liberar hidrocarburos. Cada operación requiere millones de litros de agua, que, tras el proceso, queda inutilizable para consumo humano. El plan de Pemex menciona que la tecnología ha avanzado para minimizar su impacto ambiental.
Al interior de organizaciones ambientalistas y sociales, las señales de Pemex han sido interpretadas como un intento de introducir el fracking por vías indirectas.
Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, señaló que el plan de la empresa estatal equivale a una declaración de intención para desarrollar esta técnica. “El plan de Pemex es una declaratoria de que quieren y van a desarrollar fracking, pero como saben que ahora no tienen la licencia social, evitan hablar de fracturamiento”, expresó.
Aunque el fracking fue una de las prácticas que Andrés Manuel López Obrador prometió prohibir durante su campaña presidencial y reiteró como uno de sus compromisos al inicio de su mandato, la técnica nunca fue legalmente vetada. De 2003 a 2018 se fracturaron alrededor de 8 mil pozos en el país. Durante el sexenio de López Obrador, la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó en 2019 siete planes para explotar yacimientos no convencionales y se llevaron a cabo al menos 93 fracturas en estados como Veracruz y Puebla, según información obtenida mediante solicitudes de transparencia.
En 2022, un equipo interinstitucional que incluía a la Secretaría de Medio Ambiente, la ASEA y la Alianza contra el Fracking redactó un proyecto de decreto para declarar una moratoria a esta técnica. La propuesta llegó a la oficina presidencial, pero fue detenida al ser remitida a las secretarías de Energía y Economía. La entonces titular de Energía, Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz, expresó posturas favorables hacia el fracking.
La administración de López Obrador incluyó en su Plan C una propuesta de reforma constitucional para prohibir la extracción de hidrocarburos mediante fracking y la minería a cielo abierto. En el texto se calificaba a estas tecnologías como dañinas para el ambiente. Sin embargo, con los recientes anuncios y declaraciones de Pemex, la viabilidad de esa reforma como parte del legado legislativo del expresidente parece incierta.
Expertos del sector energético coinciden en que los yacimientos no convencionales solo pueden ser aprovechados mediante fracturamiento hidráulico. Alma América Porres, geofísica y excomisionada de la CNH, explicó que el proceso de evaluación anunciado por Pemex requiere el uso de estas técnicas desde su etapa inicial. “Primero se hace un pozo vertical, luego una prueba piloto con varios pozos horizontales para probar el fracturamiento”, indicó.
Porres sostuvo que existen variantes del fracking que reducen el uso de agua potable, pero insistió en que deben implementarse controles estrictos para mitigar los riesgos ambientales. Mencionó que las regulaciones son variables incluso en Estados Unidos, con estados como Texas aplicando criterios más flexibles y otros como Pensilvania exigiendo estándares más rigurosos.
Precisamente en Texas, la Comisión de Ferrocarriles –encargada de regular la industria extractiva– advirtió en mayo pasado que el agua contaminada producto del fracking ha incrementado la presión subterránea, afectando tanto a reservas de petróleo como de agua dulce. Cada barril de crudo extraído genera hasta cinco de agua contaminada, la cual es inyectada nuevamente en el subsuelo a través de pozos de desecho. Actualmente, ese estado tiene registrados más de 52 mil pozos para ese propósito. Hasta el momento, Pemex no ha respondido públicamente a los cuestionamientos sobre su estrategia frente al fracking, mientras el debate continúa entre quienes defienden la necesidad de aumentar la producción energética y quienes insisten en el respeto a compromisos ambientales.
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