Respalda dirigente morenista impulsar una revisión legislativa a detalla sobre la gestión del agua en Saltillo
Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 09/07/25 (Más).- El presidente estatal de Morena, Diego del Bosque Villarreal, respaldó la posibilidad de que desde la Cámara de Diputados se impulse una investigación formal sobre las concesiones de agua que ha otorgado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en los últimos años en el acuífero Saltillo-Ramos Arizpe.
La posición surgió luego de que Más, el periódico digital de Coahuila, publicó que, pese a una veda vigente y estudios técnicos que advierten del abatimiento del acuífero desde 2015, la propia Conagua ha seguido emitiendo títulos de concesión.
Al ser cuestionado sobre la gravedad del asunto, Del Bosque Villarreal coincidió en que se trata de un problema estructural, en el que intervienen intereses económicos y políticos muy poderosos, que han impedido un cambio de fondo en la gestión del agua.
“Sí, incluso que lo pudiera ver, a lo mejor en corto hasta con la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la Comisión de Medio Ambiente, que creo que son, son importantes, ¿no?”, dijo al referirse al papel que podría desempeñar el diputado federal de Morena Antonio Castro Villarreal.
El dirigente de Morena en Coahuila dijo que pedirá al diputado de su partido que lleve el caso a la Cámara de Diputados para su revisión. Frente a la posibilidad de que el gobierno federal sea omiso por ser del mismo partido, Del Bosque Villareal fue claro: “Que el gobierno federal sea del mismo color que nosotros no significa que no pongamos el dedo en la llaga en las cosas que se están haciendo mal”.
El líder morenista consideró que la falta de cambio real en Conagua es evidente, pese a que hoy se cuenta con una nueva dirección general. “Yo creo que es de los lugares donde no se ha visto algún cambio. Pues yo conozco a Efraín Morales, creo que van a hacer un intento, pero hasta ahorita, pues la tendencia es esa”.
Más, el periódico digital de Coahuila, encontró documentación oficial de Conagua que acredita cómo, pese a las restricciones por la sobreexplotación del acuífero y las disposiciones legales que buscan la sostenibilidad del acuífero, ha seguido validando la extracción de agua del acuífero local.
A esto, Diego del Bosque Villarreal respondió que el problema tiene raíces legales y estructurales: “La Conagua a final de cuentas fue fruto de una ley privatizadora de 1994, que es la ley actual y que pues básicamente sirvió para facilitar la privatización del agua”.
Añadió que la actual ley ha beneficiado a actores económicos con fuerte presencia en Coahuila, como cerveceras, empresas mineras, ganaderos y productores lecheros, en detrimento del interés público.
“El estado de Coahuila tiene una de las cervecerías más grandes de todo el continente que está en Nava, tenemos las minas de la región Carbonífera, tenemos la cuenca lechera, tenemos la Ruta de Vinos y Dinos… entonces, siendo un estado del semidesierto, una de las grandes actividades económicas es la exportación de agua, ¿no?, en forma de leche, cerveza y vinos”, destacó.
Reconoció que aunque ha habido intentos desde la 4T por cambiar la Ley General de Aguas, los esfuerzos han sido bloqueados desde dentro del propio sistema. “Sabemos que hay intereses poderosísimos”, advirtió.
En ese sentido, defendió la importancia de avanzar en una nueva Ley General de Aguas que ponga en el centro el derecho humano al acceso al agua y establezca mecanismos más estrictos de supervisión y control en la asignación de concesiones. Recordó que cuando fue diputado federal, impulsó desde comisiones legislativas esta iniciativa, en colaboración con organizaciones como Agua para Todos.
Del Bosque Villarreal señaló que la información publicada por este medio, compartida y discutida durante la entrevista, podría ser útil para sustentar un exhorto legislativo: “Quizás esa información que ustedes tienen podría servir para poder plantearlo en el Congreso Federal, ¿no? Un exhorto a que se revise”.
También denunció que las concesiones irregulares no suelen beneficiar a ciudadanos comunes, sino a actores con fuerte poder económico y vínculos políticos. “Esos pozos que no están supervisados casi siempre son también de actores del poder económico y del poder político del Estado”.
Finalmente, destacó la gravedad de la situación en Saltillo, donde incluso las propias autoridades locales han reconocido ya una crisis de agua. “Sí, creo que los diputados federales tienen que alzar la voz allá en México, ¿no?”.
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