Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 06/11/26 (Más).- Las inconformidades contra el nuevo esquema de evaluación para trabajadores del Poder Judicial de la Federación provocaron este viernes 6 de noviembre la suspensión de labores y manifestaciones en Saltillo y Torreón, donde empleados de juzgados y tribunales expresaron su rechazo a las disposiciones publicadas un día antes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al considerar que ponen en riesgo su estabilidad laboral, antigüedad y derechos adquiridos.
En Saltillo, alrededor de las 10:00 horas, trabajadores federales se manifestaron en el bulevar Nazario Ortíz Garza, frente al Poder Judicial de la Federación, para hacer visible su inconformidad con el acuerdo general que establece mecanismos de evaluación para el personal judicial. Los inconformes señalaron que la disposición modifica las condiciones bajo las cuales han desarrollado su carrera dentro de la institución y deja su permanencia sujeta a criterios que consideran parcialmente subjetivos.
La protesta fue encabezada por empleados de distintas áreas del Poder Judicial, entre ellos secretarios de juzgados y tribunales, oficiales judiciales y personal de mandos operativos. Los trabajadores sostuvieron que no se oponen a ser evaluados, sino a que una parte mayoritaria de la calificación dependa de opiniones personales y no exclusivamente de parámetros verificables sobre su preparación y desempeño.
Nancy Santos, trabajadora del Poder Judicial de la Federación, explicó que el esquema contempla que el 40% de la evaluación corresponda a conocimientos, mientras que el 60% restante se integraría mediante valoraciones de los titulares, compañeros y otras personas. A su consideración, esta distribución abre la posibilidad de que las relaciones personales o diferencias con los superiores influyan en los resultados.
“No estamos en contra de las evaluaciones. Evalúenos, pero de forma efectivamente objetiva”, expresó.
En Torreón, la suspensión de actividades comenzó a las 13:00 horas, cuando trabajadores de las cuatro sedes federales se concentraron frente al edificio principal, ubicado sobre el bulevar Independencia. La movilización también involucró al personal de las instalaciones de calzada Colón, avenida Bravo, el sector Senderos y el Centro de Justicia Penal Federal.
Fernanda Martínez, delegada sindical en Torreón, explicó que la decisión de suspender labores fue tomada por la base trabajadora luego de conocer los lineamientos emitidos por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), los cuales establecen un proceso de evaluación para secretarios, actuarios y oficiales judiciales.
La representante sindical señaló que el procedimiento, aunque se presenta como un ejercicio de diagnóstico, contiene disposiciones que consideran pueden dar lugar a decisiones arbitrarias.
“En este acuerdo hay muchos pretextos para implementar esta evaluación para secretarías, secretarios, actuarios, actuarias y oficiales judiciales, pues lo hacen ver como una especie de diagnóstico en las próximas semanas, el cual viene enmascarado con un mecanismo arbitrario que pone en riesgo la estabilidad de la función jurisdiccional”, expresó.
La protesta en ambas ciudades forma parte de una movilización nacional que se extendió a distintas sedes del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con reportes sobre el paro, las inconformidades alcanzaron al menos 17 entidades, entre ellas Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. También se registraron movilizaciones en la Ciudad de México.
La convocatoria involucró a trabajadores de más de 20 sedes judiciales y alrededor de 32 mil integrantes del personal de carrera judicial en el país, principalmente secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales. En distintas ciudades, las acciones incluyeron suspensión de actividades, concentraciones frente a edificios federales y cierres de instalaciones.
El origen de las inconformidades se encuentra en el Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, publicado el jueves 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación; el documento establece los criterios y etapas para evaluar el desempeño de quienes integran esta carrera judicial.
Entre los aspectos que generaron rechazo se encuentra la distribución de los porcentajes de evaluación. El examen de conocimientos representa el 40% de la calificación, mientras que el 60% restante se integra por otros indicadores, entre ellos la valoración del titular del órgano jurisdiccional, la evaluación de compañeros, reportes institucionales y parámetros relacionados con productividad y comportamiento.
Para los trabajadores inconformes, el peso que tienen las valoraciones de los superiores representa uno de los principales problemas del nuevo mecanismo, pues consideran que puede abrir espacio a diferencias personales o laborales al momento de calificar su desempeño. También cuestionan que sean evaluados por titulares que, en algunos casos, apenas comienzan su gestión tras los cambios derivados de la reforma judicial.
En Saltillo, Nancy Santos sostuvo que el nuevo esquema coloca en incertidumbre a trabajadores que cuentan con décadas de servicio, debido a que consideran que sus derechos laborales podrían quedar sujetos a los resultados de un procedimiento que no garantiza criterios imparciales. Señaló que en la ciudad hay alrededor de 4 mil 485 personas afectadas, aunque la cifra corresponde a la estimación que expuso durante la manifestación.
La trabajadora también cuestionó que la disposición se publicara sin previo aviso y que el personal tuviera que conocer sus alcances mientras continúa atendiendo las cargas de trabajo de los órganos federales. Explicó que los empleados mantienen expedientes y asuntos pendientes, al tiempo que enfrentan la incertidumbre sobre las condiciones en las que continuarán desempeñando sus funciones.
“¿Cómo vamos a trabajar si a lo mejor pasado mañana ya no vamos a tener trabajo?”, planteó Nancy Santos al referirse a la preocupación que, dijo, existe entre los trabajadores con mayor antigüedad.
El acuerdo establece que la primera evaluación está prevista para diciembre de 2026 y contempla distintas categorías de resultados. De acuerdo con la información difundida sobre los lineamientos, las calificaciones se clasifican en sobresaliente, satisfactorio, regular, suficiente e insuficiente, con diferentes medidas de seguimiento y fortalecimiento para el personal. Los resultados de esta primera etapa serán analizados entre enero y marzo de 2027.
Sin embargo, el Órgano de Administración Judicial emitió un posicionamiento este viernes para aclarar que la evaluación programada para diciembre tendrá exclusivamente carácter diagnóstico, por lo que no habrá aprobados ni reprobados y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal.
El organismo sostuvo que el objetivo es identificar necesidades de capacitación y fortalecer la carrera judicial, y precisó que la primera evaluación ordinaria con los efectos previstos en la legislación se realizará después de concluir las acciones de capacitación correspondientes.
El OAJ también señaló que el procedimiento responde a las atribuciones establecidas en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial. Asimismo, reconoció el derecho de los trabajadores a manifestarse y expresó su disposición al diálogo ante las inconformidades.
Pese a esta postura, los trabajadores mantienen sus cuestionamientos sobre el alcance de los lineamientos y la manera en que se aplicarán las evaluaciones posteriores. En Saltillo, Nancy Santos insistió en que la inconformidad no está relacionada con la obligación de acreditar conocimientos, sino con el peso de las valoraciones subjetivas y las posibles consecuencias que, desde su interpretación, podrían tener para quienes no obtengan resultados satisfactorios.
En cuanto a la continuidad de las movilizaciones, en Torreón los trabajadores contemplaban mantener suspendidas las actividades durante el resto del viernes y determinar, mediante acuerdos de la base, si prolongaban el paro hasta el lunes. En Saltillo, Nancy Santos explicó que la intención de la protesta era hacer visible el reclamo sin afectar a los ciudadanos que acuden a realizar trámites o dar seguimiento a sus asuntos judiciales.
La movilización representa una nueva inconformidad del personal federal ante las disposiciones derivadas de la reorganización del Poder Judicial, luego de que trabajadores de distintas entidades decidieran suspender actividades para exigir claridad sobre el proceso de evaluación y las garantías de sus derechos laborales.
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