REDACCIÓN MÁS / IA
La crisis política en el Congreso de Nuevo León sigue en aumento, alcanzando un nuevo episodio con la solicitud del Diputado local del PRI, Ricardo Canavati Hadjopulos, quien pide al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) retirar la representación de 13 diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC). Esta petición surge después de más de 45 días de ausencia de los diputados de MC en las sesiones del pleno, desde el 7 de febrero, cuando protestaron por la negativa del PRI y el PAN de tomar protesta a los suplentes José Pérez Bernal y Rosaura Guerra.
El enfrentamiento entre las fracciones parlamentarias ha generado un estancamiento en la agenda legislativa, con numerosos asuntos pendientes por analizar, incluida una reforma propuesta por el Gobernador Samuel García sobre la Refinería de Cadereyta.
Canavati, basándose en la legislación local, también solicitó la presencia de los suplentes de MC, proporcionando una lista de los diputados acusados de faltar a más de 24 sesiones. Entre ellos se encuentran nombres como Daniela Puente, José Juan Tovar y Sandra Pámanes.
Las tensiones se han evidenciado en actos públicos, como cuando diputados del PRI y del PAN exhibieron mantas en el salón de sesiones, señalando a los faltistas de MC. Estos eventos reflejan una confrontación persistente que ha llevado incluso a propuestas para que los legisladores de MC devuelvan sus sueldos, aunque estos alegan que sus ausencias están justificadas por la defensa de las instituciones.
El 23 de abril, los diputados de MC tomaron protesta a Rosaura Guerra como nueva integrante, aunque esta acción fue cuestionada por la oposición, que argumentó que ocurrió fuera del horario establecido. A pesar de las acusaciones verbales, la toma de protesta fue confirmada oficialmente por el Tribunal Estatal Electoral.
Esta confrontación tiene sus raíces en la crisis política que comenzó cuando Samuel García asumió el cargo de Gobernador de Nuevo León. En diciembre de 2023, la situación llegó a un punto crítico cuando la Suprema Corte determinó que Luis Enrique Orozco asumiera como Gobernador Interino, aunque García retomó su cargo inesperadamente. Esto generó un conflicto legal y político que aún persiste.
El desacuerdo entre los poderes ejecutivo y legislativo ha llevado a múltiples acciones, incluido un juicio político contra García por presuntas irregularidades en la gestión gubernamental. Además, se ha solicitado una revisión de proyectos del gobierno, como la compra de un avión y la construcción de líneas del metro, lo que refleja la profundidad de la crisis institucional en Nuevo León.
En resumen, la crisis en el Congreso de Nuevo León muestra la persistencia de tensiones políticas que obstaculizan el funcionamiento del gobierno y la toma de decisiones. Mientras tanto, los ciudadanos continúan esperando soluciones a los problemas que afectan al estado.
Con información de SinEmbargo.mx
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