PAPELITO HABLA

Por Horacio Cárdenas Zardoni

México ha sido, la verdad es difícil saber desde cuándo, el país de la impunidad. Pese a que aun en las conferencias de prensa, mañaneras que les dicen, del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se incluya una sección que lleva el curioso nombre de Cero Impunidad, haciendo referencia a un supuesto programa gubernamental que se llamaría precisamente así, y del cual no hemos encontrado nada, ni en el Diario Oficial de la Federación, ni en el Presupuesto de Egresos, quedando en lo que desde el principio sospechamos que era, un mero slogan de gobierno, en nuestro país la impunidad es la constante, las leyes, la constitución misma, están allí poco menos que de adorno, porque para normar la convivencia entre los mexicanos, nomás no funcionan.

En materia de impunidad el problema es el de siempre, el querer interpretar la realidad con herramientas estadísticas. Se suele hablar, cada tres o cuatro meses alguien saca a relucir su propio conteo de impunidad, ubicándola siempre por encima del 95%, lo cual es bastante creíble, pero lo malo es que ponen en un mismo cajón a todos los delitos, y eso en vez de aclarar las cosas, tiende a hacerlas más difíciles de entender.

Se sabe, por ejemplo, que delitos de tortura, cuando se llegan a denunciar, nomás no pasan, no se procesan y cuando se llegan a procesar, no se castigan. Esta legislación data de la época de Miguel  de la Madrid, y a menos que hayan cambiado las cosas radicalmente en el último cuarto de hora, nadie había sido procesado y sentenciado por torturar a alguien. 

Están casos como las desapariciones… si no aparecen los desaparecidos ¿cómo procesar y encarcelar a los que desaparecieron a las personas?, allí también nos topamos con un cien por ciento de impunidad.

Otro caso es el de las masacres, las balaceras y los hechos de violencia que ocurren diario o con una frecuencia pasmosa en el país, puede haber tres, cinco, diez muertos en un hecho, persecuciones, quema de vehículos, secuestro, despojo, y veinte crímenes más en un solo evento, y nomás no se castiga a nadie. A veces logran detener a uno que otro sicario, ¿pero de qué los acusan?, en aquel desorden es imposible señalar responsables de cada uno de los hechos, y nunca hay testigos para sostener una acusación. 

Pero fíjese, uno de los ámbitos de la criminalidad que mejores resultados tiene en materia de castigo de los culpables, y consecuente abatimiento de la impunidad, es el electoral. Esto era impensable hasta hace algunos años, en los que delitos flagrantes como el embarazo de urnas, el acarreo de votantes, el carrusel, el robo de boletas, la destrucción de material electoral, entre otros, eran cosas que no se castigaban, en  parte por lo mismo de ser difícil señalar actores concretos, y en parte porque los involucrados ejercían presiones políticas al grado de que la autoridad y los tribunales preferían no meterse en esa clase de faenas.

Pero las cosas han ido mejorando, y en el proceso electoral último, se logró quitarle la candidatura a dos aspirantes que habían cometido la falta, porque ni siquiera llegaba a delito, de no haber entregado la comprobación de gastos de campaña y precampaña en tiempo al árbitro electoral ¿Quién iba a pensar que el poderoso candidato a gobernador de Guerrero y de Michoacán, entre otros varios candidatos a posiciones menores, además de pertenecer al partido que finalmente se llevó la elección, pudieran ser defenestrados por el Instituto Nacional Electoral, por algo tan nimio como la entrega de los comprobantes de gastos?, y pues así sucedió. 

Diversos candidatos en distintas partes de la república han sido sancionados, con distintas penas, por cuestiones en apariencia tan poco importantes como los actos anticipados de campaña, por excederse en los gastos, por no reportar algunos gastos, entre otros por el estilo que pueden constituir un largo catálogo de irregularidades. Pero para que una persona sea castigada por delitos electorales, debe cumplirse con el requisito de que exista una denuncia, y además, de que esté debidamente integrada, que es uno de los principales “cocos” del sistema judicial mexicano, en permanente disputa con el agente del ministerio público o su equivalente para cada caso. 

Ricardo Mejía Berdeja tiene meses en una activa campaña o precampaña, lo del prefijo es un detalle burocrático, porque toda actividad tendiente a convencer al electorado de que voten por él, su partido y su plataforma política es campaña. En esa campaña ha gastado cantidades fuertes de dinero, que aunque no se conozca todavía el monto de lo que se va a autorizar para el proceso electoral para la renovación del poder ejecutivo en el estado de Coahuila, no será una suma considerable, al contrario, puede anticiparse que será bastante restringida, nada que ver con lo que ha estado gastando Ricardo Mejía Berdeja en su intención de hacerse presente en el estado que quiere gobernar, convencer a los coahuilenses de que es la mejor opción de las que estarán en la contienda electoral, y ya de pasada, señalar los aspectos de su programa de trabajo que puedan ser atractivos para la gente, sobre todo si los enemista con el actual gobierno, que pretende sustituir a partir de diciembre de 2023. 

Hay quien ha estimado en algo así como treinta millones de pesos el gasto mensual de Meja Berdeja en su precampaña, la verdad se nos hace mucho dinero, aunque viendo espectaculares por todos lados en los municipios coahuilenses, viendo que cuando entra uno a internet de inmediato aparece publicidad de este precandidato, aunque también en menor medida, de Luis Fernando Salazar, que también la quiere, y el detalle crítico, el gasto que implica el transporte de Mejía a Coahuila los fines de semana, que se ha señalado en repetidas ocasiones se hace utilizando aviones de la Guardia Nacional, entidad que todavía unos días más, depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al menos nominalmente, entonces sí, el gasto en el que ha incurrido el funcionario federal que persigue una intención personal, partidista si usted quiere, con la venia presidencial ya forzando mucho las cosas, pero finalmente haciendo uso y abuso de recursos públicos que no están allí para eso.

Lo que hacía falta era ni más ni menos la denuncia, que ahora hace el Partido Acción Nacional, con lo que se cumple el requisito inicial de documentar los hechos, con lo que en algún momento, como dice el mismo Mejía, cuando el calendario electoral se abra, también comience el análisis de si hubo violación o no a las leyes, que en su exceso de confianza en sí mismo y en el sistema del que forma parte, ha infringido con una alegría y soberbia criminales.