Culiacán, Sinaloa, 02/11/26 (Más).- Padres de familia de Sinaloa manifestaron su oposición a la prohibición del uso de teléfonos celulares en las escuelas, al considerar que estos dispositivos representan una herramienta importante para mantener comunicación con sus hijos ante posibles situaciones de emergencia, particularmente en una entidad donde la violencia persistente genera preocupación entre las familias.
De acuerdo con información publicada por El País, los teléfonos móviles se han convertido en un medio de comunicación esencial para numerosos hogares, debido a las condiciones de inseguridad que prevalecen en la entidad y a la necesidad de conocer la situación de los menores durante sus actividades escolares.
La postura de los padres surge ante la decisión del Gobierno federal de retirar los dispositivos móviles de las aulas a partir del próximo 3 de noviembre, como parte de las medidas anunciadas para reducir el uso de celulares entre los estudiantes y atender los riesgos asociados con las redes sociales.
Uno de los principales argumentos de las familias sinaloenses es que mantener contacto directo con sus hijos les permite conocer su ubicación y estado durante la jornada escolar, especialmente cuando se presentan hechos de violencia o situaciones que pueden alterar las actividades cotidianas.
En Culiacán, donde la violencia ha influido en las dinámicas de convivencia y movilidad de la población, los teléfonos celulares cumplen una función que va más allá del entretenimiento o el acceso a plataformas digitales, al facilitar la comunicación entre padres e hijos.
La preocupación de las familias se relaciona con la posibilidad de que una restricción generalizada dificulte la comunicación inmediata cuando se registren situaciones de riesgo, por lo que consideran necesario tomar en cuenta las condiciones particulares de seguridad que enfrenta la población sinaloense.
La disposición federal forma parte de una estrategia que también contempla reforzar la supervisión de los contenidos digitales a los que tienen acceso niñas, niños y adolescentes, así como establecer mayores responsabilidades para las empresas tecnológicas.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la obligación de las plataformas digitales de retirar cuentas y publicaciones que promuevan la violencia, verificar la edad de sus usuarios y ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores.
El debate sobre la utilización de teléfonos en las escuelas plantea dos preocupaciones: por una parte, los riesgos asociados con el uso excesivo de dispositivos y redes sociales durante la infancia y adolescencia; por otra, la necesidad de que las familias mantengan canales de comunicación con los menores ante posibles emergencias.
En el caso de Sinaloa, la persistencia de hechos violentos ha convertido la comunicación familiar en una preocupación adicional al momento de evaluar las restricciones sobre los dispositivos móviles dentro de los planteles educativos.
La discusión también coloca a las autoridades educativas ante el desafío de establecer medidas que atiendan los riesgos del uso de celulares sin dejar de considerar las condiciones de seguridad de cada región y las necesidades de comunicación de las familias.
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