Razones
Por Jorge Fernández Menéndez
Durante la época de Luis Echeverría los informes llegaron a durar hasta seis horas, ahora los de Claudia Sheinbaum se agradece que duren poco más de una hora. Antes, los informes se hacían en el Congreso con cientos, a veces miles, de invitados, y durante los años de Salinas, Zedillo, Fox o Calderón, con fuertes confrontaciones políticas; ahora son más restringidos, en espacios controlados. Pero al final siempre es lo mismo: los informes son una suma de supuestos aciertos gubernamentales, algunos reales, otros que son medias verdades colocadas fuera de contexto y otros que se confrontan con la realidad.
La mayoría de los datos dados en un informe, y el de ayer no fue la excepción, son verificables, pero el método de verificación los puede convertir simplemente en un acto de fe. El informe presidencial busca instalar la idea de una continuidad exitosa, pero paradójicamente donde ha tenido mejores resultados es donde ha roto con esa continuidad.
El ámbito en el que mayor éxito ha tenido la actual administración es en la seguridad. Los homicidios dolosos, según los datos oficiales, cayeron 51% en promedio diario, de 86.9 el primero de septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026. Es una caída real. Pero el 20 de febrero de 2026, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública publicó una nueva metodología que reclasificó los “delitos contra la vida” y reajustó las series de medición. Ya no están integrados feminicidios y desapariciones, lo cual descontextualiza esa información. El dato duro es que hay 83 mil restos humanos sin identificar en los servicios forenses de todo el país.
Lo que es un hecho es que en seguridad está administración, aunque no lo reconozca, ha dado un giro de 180 grados respecto a la política de abrazos, no balazos del sexenio de López Obrador. Las del informe, son cifras que, en seguridad, son relevantes si se confirman en series sostenidas y comparables. Pero no bastan para declarar superada la crisis de violencia que dejó el sexenio anterior.
Como hemos dicho muchas veces, está muy bien desarticular redes de operación del crimen organizado, y eso en buena medida se hace, pero pierde sentido cuando no va acompañado de la desarticulación de las redes de protección y complicidad política con los cárteles.
El debate no pasa por negar que existan mejoras puntuales ni en magnificar los problemas reales, profundos, que tiene el país. No se puede hablar, por ejemplo, de la seguridad o de la relación con EU y obviar las denuncias sobre la narcopolítica, las acusaciones contra personajes como Rubén Rocha Moya o Enrique Inzunza, sobre los funcionarios a los que como castigo se les ha quitado la visa, o las denuncias reiteradas sobre funcionarios relacionados con el crimen organizado o el contrabando de combustible.
En salud, el informe presidencial sostuvo que el abasto gratuito de medicamentos ya supera 90 por ciento. El dato, sin embargo, depende de cómo se mida el surtimiento: un indicador administrativo puede registrar la entrega de claves o piezas de medicamento, sin resolver necesariamente el acceso efectivo del paciente, la disponibilidad de especialistas, las listas de espera o la atención en comunidades rurales.
La herencia del sexenio anterior en salud fue catastrófica, e incluyó un deterioro muy amplio en el acceso institucional a la salud. Las mediciones del Coneval señalan que la población con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 millones de personas en 2018 a 50.4 millones en 2022: de 16.2 a 39.1% de la población. Recuperarse de esa caída, sin reconocerla no es posible ni viable.
En economía el patrón se repite. Es cierto que México ha mantenido estabilidad macroeconómica y que la relocalización de cadenas productivas abre oportunidades relevantes. Sin embargo, un crecimiento de 1.2% es insuficiente para una economía que requiere crear empleos formales, elevar la productividad y recuperar inversión pública.
Lo mismo sucede con las inversiones. El informe presume una inversión extranjera directa récord de 34 mil 968 millones de dólares en el primer semestre. Es verdad, pero 30 mil 957 millones, o sea 88.5% del total, son reinversión de utilidades de empresas ya instaladas, mientras las nuevas inversiones apenas alcanzaron 2 mil 726 millones, una caída de 42% anual.
El debate sobre las obras públicas del sexenio anterior obliga a separar la utilidad potencial de los proyectos de su costo real, su transparencia y su desempeño financiero. El Tren Maya fue anunciado en 2018 con una estimación de su costo de construcción de hasta 150 mil millones de pesos. Costó 540 mil mdp, es decir, 171% por encima de lo planeado, el aumento real fue de por lo menos 341 mil millones de pesos. Nadie niega que haya transportado dos millones y medios de pasajeros, como se dijo, pero la empresa registró pérdidas de al menos mil 223 millones de pesos en 2024, sin contar los subsidios que hoy siguen sangrando la economía.
El principal mensaje político del informe fue que “nadie se equivoque, aquí no hay divisiones”. Pero muchos lo vemos desde afuera dividido: ahí está el intento de Rocha Moya de regresar a la gubernatura, el que Enrique Inzunza se siente impunemente en su curul en el senado, la carta de Andy López Beltrán contra Trump, las campañas de los duros contra Omar García Harfuch, la Defensa, Marcelo Ebrard, Edgar Amador o Roberto Velasco, a veces contra la propia Presidenta para comprobarlo. Ojalá tengamos un futuro sin divisiones no sólo en la 4T, sino también en la sociedad, hoy son una realidad.
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