Ciudad Victoria, Tamaulipas, 14/09/26 (Más).- Una nueva acusación alcanzó al exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, luego de que Gloria de Jesús Molina Gamboa, quien se desempeñó como secretaria de Salud estatal entre 2017 y 2022, afirmó que el entonces mandatario ordenó adjudicar contratos a empresas presuntamente relacionadas con Sergio Carmona Angulo, conocido como el “Rey del Huachicol”.
De acuerdo con información publicada por Infobae, Molina Gamboa hizo los señalamientos mediante un video difundido en redes sociales, en el que explicó que decidió hacer pública su versión después de enfrentar denuncias penales relacionadas con contratos celebrados durante la administración estatal anterior y que estarían vinculados con un presunto quebranto financiero por 343.9 millones de pesos.
La exsecretaria aseguró que, al asumir el cargo, existió una división de responsabilidades dentro de la Secretaría de Salud y sostuvo que las decisiones relacionadas con proveedores y contratos de relevancia económica o política no estaban bajo su control directo. “Al asumir el cargo, el exgobernador estableció con claridad una separación de funciones”, relató.
Según su testimonio, Molina Gamboa quedó encargada principalmente de los asuntos técnicos y operativos de la dependencia, mientras que las decisiones relacionadas con la contratación de determinadas empresas habrían sido controladas desde otras áreas del gobierno estatal. La exfuncionaria señaló directamente a Cabeza de Vaca como la autoridad que habría definido esa forma de operación.
Molina afirmó que recibió instrucciones para otorgar contratos de obra y servicios a empresas identificadas como Grupo Industrial Permart y Joser, esta última mencionada en algunos reportes con el nombre de Hosur. Las indicaciones, sostuvo, llegaban a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud.
Las compañías mencionadas han sido relacionadas en investigaciones periodísticas con Sergio Carmona Angulo. Una investigación de Proceso publicada en mayo de 2022 señaló que los hermanos Carmona Angulo obtuvieron mediante estas firmas al menos 43 contratos por un monto conjunto de 376 millones de pesos con el gobierno de Tamaulipas entre 2018 y 2021.
Molina Gamboa sostuvo que el cumplimiento de las instrucciones sobre las contrataciones era supervisado por Alejandro Aguilar Poener, quien entonces ocupaba la Subsecretaría de Administración y Finanzas. La exsecretaria agregó que parte de esta situación ya había sido expuesta públicamente el 25 de agosto de 2025 durante una conferencia de prensa de la Secretaría de Salud de la actual administración estatal.
Los convenios señalados se encuentran entre los asuntos que dieron origen a denuncias penales contra Molina Gamboa y otros exservidores públicos. La exfuncionaria se ha convertido así en una de las integrantes de la administración de Cabeza de Vaca que enfrenta procedimientos relacionados con el manejo de recursos públicos durante el anterior gobierno estatal.
Entre otros exfuncionarios señalados se encuentra Mario Gómez Monroy, quien estuvo al frente de la Secretaría de Educación y fue sentenciado en agosto de 2025 a 19 años de prisión. También figura Rómulo Garza Martínez, extitular de la Secretaría de Bienestar Social, quien fue vinculado a proceso en julio de ese mismo año.
En su mensaje, Molina Gamboa aseguró que no pretende eludir las responsabilidades legales que pudieran corresponderle, pero reclamó que las investigaciones alcancen también a los niveles superiores de la administración y no solamente a quienes ejecutaron determinadas instrucciones.
“No es justo que toda la responsabilidad se concentre en cargos subalternos, dejando fuera a quien daba las indicaciones y ejercía la máxima autoridad en la administración estatal”, señaló la exsecretaria, quien pidió a las autoridades revisar la totalidad de la cadena de mando involucrada en las contrataciones investigadas.
Molina Gamboa destacó además que cuenta con más de 35 años de trayectoria en el servicio público y aseguró no tener antecedentes disciplinarios. Como parte de su declaración, solicitó protección y pidió que cualquier posible intimidación o amenaza en su contra o contra integrantes de su familia sea investigada considerando el contexto de las acusaciones que decidió hacer públicas.
Los señalamientos se suman a las investigaciones y controversias judiciales que han rodeado a Cabeza de Vaca desde que concluyó su mandato en Tamaulipas en 2022. El exgobernador ha enfrentado acusaciones por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de una orden de aprehensión emitida desde 2021.
Cabeza de Vaca ha rechazado anteriormente las acusaciones formuladas en su contra y ha sostenido que los procedimientos responden a una persecución política. Su defensa también ha cuestionado diversos expedientes abiertos contra el exmandatario y ha argumentado, entre otros puntos, que algunos de los señalamientos tienen origen en una operación inmobiliaria realizada en 2019.
Hasta el momento de difundirse la acusación de Molina Gamboa, ni Francisco García Cabeza de Vaca ni Alejandro Aguilar Poener habían dado una respuesta pública específica a los señalamientos sobre las contrataciones realizadas desde la Secretaría de Salud, por lo que la versión de la exfuncionaria queda sujeta a lo que determinen las investigaciones correspondientes.
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