Ciudad de México, 31/07/26 (Más).- Una presunta red dedicada al despojo de inmuebles operaría en la capital mediante escrituras cuestionadas, poderes notariales y denuncias penales para reclamar propiedades ocupadas por sus dueños originales.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, el caso de una mujer identificada como “Alicia” muestra cómo una persona distinta apareció en el Registro Público de la Propiedad como dueña de su casa en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
La denunciante asegura que nunca vendió el inmueble, no conoce a la supuesta compradora y tampoco reconoce la firma incluida en la escritura. Pese a ello, el documento fue inscrito en octubre de 2023, casi 12 años después de la fecha de la presunta compraventa.
Posteriormente, la nueva titular otorgó un poder a Adrián Iglesias Rebollo, quien denunció por despojo a quienes habitaban la vivienda y solicitó recuperar la propiedad. “Alicia” respondió con una querella por presunto fraude procesal, falsificación y uso de documentos falsos.
Su abogado sostiene que el método consiste en crear una apariencia legal sobre los inmuebles, entregar poderes a terceros y utilizar denuncias para intentar desalojar a propietarios u ocupantes. Sin embargo, todavía no existe una resolución judicial que confirme la falsedad de las escrituras o la existencia de una organización criminal.
El caso se suma a miles de investigaciones abiertas en la Ciudad de México. Entre enero de 2020 y abril de 2026, la Fiscalía capitalina inició 25 mil 018 carpetas por despojo, pero reportó únicamente 463 detenciones.
La fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, reconoció que existen personas y grupos identificados como objetivos prioritarios por su posible participación en estos delitos. Durante 2026, la institución ha iniciado mil 846 investigaciones relacionadas con despojos.
Las autoridades también recibieron 61 nuevos casos de habitantes de seis alcaldías, cuyos expedientes serán revisados para detectar posibles vínculos, antecedentes y participación de servidores públicos.
En el caso de “Alicia”, la defensa solicitó una prueba pericial en grafoscopía para determinar si la firma de la escritura es auténtica. También pidió al notario la entrega del documento original, pero asegura que la diligencia continúa pendiente.
Mientras avanzan las investigaciones, la propietaria espera recuperar el acceso a su carpeta y demostrar que nunca autorizó la operación con la que otra persona apareció legalmente como dueña de su vivienda.
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