Ciudad de México, 17/02/26 (Más).- La relatora especial de la ONU, Reem Alsalem, advirtió que la violencia contra las mujeres y niñas en México ha alcanzado niveles “epidémicos y alarmantes”, una situación promovida por funcionarios públicos, el crimen organizado y en ocasiones, por propios familiares.
Su declaración fue realizada durante un encuentro internacional organizado por la Cámara de Diputados sobre la erradicación de la violencia de género.
Alsalem destacó la persistencia de desapariciones de mujeres y la grave deficiencia en las investigaciones, lo que agrava la situación.
En su intervención, subrayó que las familias que buscan a sus seres desaparecidos no reciben el apoyo necesario y que una de las principales barreras es la impunidad, que limita el acceso efectivo a la justicia.
“La impunidad sigue siendo la barrera fundamental para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas. Esto es una realidad global”, indicó la relatora, quien también resaltó los obstáculos que enfrentan las sobrevivientes: sesgos de género, re victimizaciones, retrasos en los procesos judiciales y una falta de recursos en las instituciones encargadas de su protección.
Alsalem también mencionó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha señalado los obstáculos estructurales en México, como la limitada autonomía de los órganos de supervisión y la insuficiencia de resultados medibles en cuanto a la mejora de la situación.
Particularmente grave es la situación de las mujeres indígenas, rurales, migrantes y aquellas que viven en condiciones de pobreza o enfrentan discriminación interseccional, señaló la experta de la ONU.
Recalcó la importancia de que los gobiernos cumplan con su deber de diligencia para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, además de proporcionar recursos adecuados para las sobrevivientes.
Alsalem criticó las políticas de austeridad adoptadas por varios gobiernos, que han afectado negativamente los recursos destinados a la protección de las mujeres.
En su opinión, los recortes en el gasto público han debilitado la infraestructura de apoyo a las víctimas, como los refugios y servicios de asistencia jurídica, y han afectado gravemente a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y a las mujeres activistas.
La relatora también cuestionó cómo las medidas de austeridad, motivadas por presiones financieras globales o el aumento del gasto militar, han tenido consecuencias de género negativas, pues estas decisiones políticas han elegido priorizar otras áreas en lugar de invertir en la protección de las víctimas de violencia.
Durante la inauguración del evento, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, enfatizó la necesidad de seguir denunciando las violencias y trabajando en cambios legales.
López destacó que, para erradicar este grave problema, México requiere de leyes eficaces, presupuestos adecuados, políticas públicas sostenibles y, sobre todo, datos transparentes y confiables que permitan una mejor toma de decisiones.
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