Ciudad de México, 21/09/26 (Más).- Un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre reportes no confirmados de posibles acciones encubiertas extranjeras y vuelos de drones de vigilancia en territorio mexicano, y señaló que cualquier incursión realizada sin autorización de México podría constituir una violación a la soberanía nacional.
El documento también examina la campaña militar de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, cuyos ataques son considerados por el experto como ejecuciones extrajudiciales.
De acuerdo con información publicada por Infobae, el pronunciamiento corresponde a Ben Saul, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, quien analizó las operaciones desarrolladas por Estados Unidos desde septiembre de 2025.
El especialista es un experto independiente y sus conclusiones no constituyen una resolución vinculante ni representan una determinación institucional de la ONU.
En el apartado relacionado con México, Saul recoge versiones sin verificar sobre operaciones clandestinas extranjeras, entre ellas posibles asesinatos selectivos de dirigentes de organizaciones criminales, así como vuelos de drones destinados a labores de vigilancia.
El documento no atribuye estas presuntas acciones a un país en particular, por lo que las referencias son presentadas como reportes pendientes de confirmación y no como hechos acreditados.
El relator subraya que una eventual incursión militar o de seguridad dentro del territorio mexicano requeriría el consentimiento de las autoridades nacionales para ser compatible con el principio de soberanía.
La advertencia adquiere relevancia ante declaraciones formuladas desde 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de recurrir a la fuerza contra cárteles establecidos fuera de Estados Unidos, incluidos los que operan en México y Colombia.
Según Saul, una amenaza de uso de la fuerza sin consentimiento del Estado afectado plantea problemas frente a las obligaciones establecidas en la Carta de las Naciones Unidas.
El documento también señala que México rechazó solicitudes para permitir operaciones militares estadounidenses en su territorio. Frente a los planteamientos de Washington sobre acciones directas contra organizaciones del narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido públicamente que una intervención militar estadounidense en México no será aceptada, aunque ambos países mantienen mecanismos de cooperación e intercambio de información en materia de seguridad.
Las observaciones sobre territorio mexicano forman parte de un análisis más amplio sobre los ataques estadounidenses contra embarcaciones señaladas de transportar drogas. De acuerdo con las cifras citadas por el relator, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 fueron atacadas 68 embarcaciones y murieron al menos 223 personas.
Saul considera que existen motivos razonables para examinar esos hechos como posibles crímenes de lesa humanidad y pide investigaciones independientes, además de establecer responsabilidades cuando corresponda.
El especialista rechaza el argumento de que el transporte de narcóticos pueda equipararse por sí mismo a un ataque armado que permita recurrir a la legítima defensa. También cuestiona que las operaciones contra las embarcaciones puedan ser consideradas parte de un conflicto armado en términos del derecho internacional humanitario, al señalar que las organizaciones involucradas y las características de la violencia no cumplirían los criterios necesarios para esa clasificación.
Otro aspecto señalado por Saul es que existían alternativas al empleo inmediato de fuerza letal contra las embarcaciones sospechosas, como su intercepción y abordaje. Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos expuesta por el relator, el uso de fuerza letal debe estar vinculado con una amenaza inminente contra la vida, una circunstancia que, según su análisis, no habría sido alegada por Estados Unidos para justificar los ataques.
La preocupación tiene una dimensión directa para México debido a que ciudadanos mexicanos habrían figurado entre las víctimas de la campaña.
Infobae refiere una investigación de Los Angeles Times según la cual ocho hombres originarios de Nayarit murieron el 16 de febrero durante ataques estadounidenses con misiles contra embarcaciones en el Pacífico. Ese mismo reporte calculó que al menos 13 mexicanos habrían fallecido durante las operaciones, mientras que autoridades mexicanas habían señalado no contar con información que confirmara esas muertes.
México ha planteado como alternativa una mayor coordinación bilateral para enfrentar el tráfico marítimo de drogas. La propuesta expuesta por Sheinbaum consiste en que, cuando Estados Unidos detecte una embarcación sospechosa en aguas internacionales cercanas al país, se informe a la Secretaría de Marina para que autoridades mexicanas puedan intervenir, detener a los tripulantes y proceder conforme a los mecanismos jurídicos aplicables, en lugar de recurrir a ataques militares.
La Secretaría de Marina, por su parte, ha incrementado las operaciones contra el tráfico marítimo de cocaína en el Pacífico. Durante 2026 se han documentado aseguramientos realizados mediante la intercepción de semisumergibles, lanchas rápidas y embarcaciones pesqueras, mientras la cooperación con agencias estadounidenses ha continuado principalmente en materia de inteligencia. Este esquema de colaboración contrasta con una eventual acción unilateral dentro del territorio nacional, que es precisamente el escenario sobre el cual alerta el documento de Saul.
Los cuestionamientos del relator se relacionan además con preocupaciones planteadas previamente por expertos de Naciones Unidas sobre órdenes estadounidenses que permitirían utilizar fuerza militar contra cárteles latinoamericanos designados por Washington como organizaciones terroristas.
En comunicaciones oficiales anteriores, especialistas de la ONU expresaron inquietud por posibles afectaciones al derecho a la vida y otras obligaciones internacionales derivadas de operaciones militares contra estas organizaciones.
Ben Saul, jurista australiano y catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Sydney, ocupa desde noviembre de 2023 el mandato de relator especial sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo. Sus observaciones forman parte del sistema de procedimientos especiales de Naciones Unidas, integrado por expertos independientes que examinan situaciones relacionadas con derechos humanos y formulan recomendaciones, sin que sus informes tengan por sí mismos carácter obligatorio para los Estados.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.