Campeche, Campeche, 29/01/26 (Más).- La organización Artículo 19 exigió al gobierno de Campeche detener lo que calificó como un “ambiente hostil” hacia la prensa y apegarse a los más altos estándares de protección a la libertad de expresión y al acceso a la información, al considerar que la crítica es un elemento esencial para la vida democrática de cualquier entidad federativa.
En su posicionamiento, la organización pidió de manera directa a la gobernadora Layda Sansores que cese el hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación, el cual –señaló– se manifiesta mediante estigmatización pública y acoso judicial, prácticas que vulneran derechos fundamentales.
Artículo 19 advirtió que diversos medios han documentado una situación cada vez más complicada para el ejercicio periodístico en Campeche. Recordó que recientemente el diario El Universal publicó un reportaje en el que se recogen testimonios sobre persecución contra la prensa local, incluyendo afectaciones económicas y el cierre de al menos cinco medios impresos en la entidad.
La organización también denunció que la violencia contra la prensa se expresa a través de múltiples procesos judiciales dirigidos a periodistas críticos. Como ejemplo, mencionó el caso de Jorge González Valdéz, quien ha enfrentado al menos cuatro procedimientos legales en los últimos años.
En ese contexto, un juzgado de Campeche ordenó recientemente mantener por tres meses adicionales las medidas cautelares de censura impuestas al periódico Tribuna y a González Valdéz, las cuales les prohíben publicar información relacionada con la gobernadora sin una revisión previa.
La jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May determinó extender dichas restricciones, que obligan al medio y al periodista a enviar cada nota vinculada con Layda Sansores a un censor designado por el Poder Judicial antes de su publicación. El censor cuenta con un plazo máximo de 30 minutos para emitir observaciones, solicitar modificaciones o incluso impedir la difusión del contenido.
En caso de incumplimiento, la responsabilidad legal recaería tanto en el representante legal de la empresa editorial como en el periodista. Artículo 19 subrayó que este tipo de resoluciones constituyen actos de censura previa incompatibles con los principios democráticos y reiteró su llamado al gobierno de Campeche para garantizar condiciones seguras y libres para el ejercicio periodístico en el estado.
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