ONG alertan de vacíos al regular las redes

Ciudad de México, 03/11/26 (Más).- Organizaciones especializadas en la protección de niñas, niños y adolescentes reconocieron como un avance el decreto presidencial del 14 de octubre para regular las plataformas digitales y establecer medidas contra la violencia, el abuso sexual, el acoso y los contenidos relacionados con autolesiones; sin embargo, advirtieron que la disposición presenta vacíos en materia de supervisión, protección de datos personales y prevención de riesgos de censura y criminalización.

De acuerdo con información publicada por Animal Político, ChildFund México y Save the Children señalaron que la nueva regulación representa un primer paso para responsabilizar directamente a las empresas tecnológicas de ofrecer entornos virtuales seguros, mediante mecanismos de identificación de contenidos perjudiciales, verificación de edad, controles parentales y protocolos para atender incidentes que involucren a menores de edad.

Ambas organizaciones coincidieron en que el decreto necesita reglas de implementación más precisas, mecanismos independientes de vigilancia y políticas públicas integrales que garanticen los derechos de las infancias y adolescencias, sin restringir su acceso a herramientas digitales ni vulnerar su privacidad.

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la supervisión del cumplimiento de las nuevas obligaciones. El Ejecutivo federal estableció un plazo de 30 días para que las plataformas documenten sus protocolos de seguridad, pero las organizaciones advirtieron que la disposición no contempla mecanismos inmediatos de sanción en caso de incumplimiento.

ChildFund México consideró que dejar en manos de las propias empresas tecnológicas la elaboración de reportes y autoevaluaciones compromete la objetividad de los resultados, debido a que las compañías serían responsables de informar sobre sus propias prácticas sin que exista un órgano regulador independiente con capacidades técnicas suficientes para verificar la información.

La organización señaló que supervisar plataformas como Meta, TikTok, Google, X, Apple, Microsoft y Huawei requiere conocimientos especializados en auditoría digital, funcionamiento de algoritmos y análisis de riesgos computacionales. Sin estas herramientas, advirtió, el Estado dependerá de los datos proporcionados por las mismas empresas sujetas a revisión.

A esta situación se suma la falta de obligaciones periódicas de transparencia sobre el número de contenidos eliminados, la efectividad de las denuncias ciudadanas y los tiempos de respuesta ante emergencias que involucren a niñas, niños y adolescentes. Para las organizaciones, contar con indicadores públicos y verificables será indispensable para determinar si las medidas reducen los riesgos digitales.

Otro de los puntos de preocupación es la verificación de edad, debido a que los mecanismos utilizados podrían implicar la recopilación de identificaciones oficiales, información personal o datos biométricos de las personas usuarias.

Nancy Ramírez, representante de Save the Children, explicó que la simple declaración de edad al registrarse en una plataforma resulta insuficiente, pero advirtió que exigir información personal para comprobarla puede generar riesgos de privacidad y facilitar el perfilamiento comercial de menores de edad.

Como alternativa, propuso considerar modelos de credenciales anonimizadas, similares a experiencias utilizadas en la Unión Europea, que permiten comprobar si una persona supera determinado límite de edad sin revelar su nombre ni su identidad real.

La moderación automatizada de contenidos también representa un desafío para la aplicación del decreto. Las organizaciones advirtieron que los sistemas basados en palabras clave podrían eliminar publicaciones educativas y campañas de prevención relacionadas con suicidio, autolesiones, violencia y salud sexual, aunque su propósito sea informar y proteger a las juventudes.

Ramírez sostuvo que las plataformas deben incorporar mecanismos de evaluación contextual para distinguir entre publicaciones que promueven conductas de riesgo y aquellas que ofrecen orientación, prevención o información sobre salud. Consideró que retirar contenidos únicamente por contener determinadas palabras podría limitar el acceso a información necesaria para las personas adolescentes.

Las organizaciones también plantearon revisar las experiencias internacionales de regulación. Entre ellas mencionaron el caso de Australia, donde se implementó una prohibición general del uso de redes sociales para menores de edad. Según la información citada en el análisis, una evaluación realizada tres meses después identificó una disminución en el uso de las plataformas, pero también un deterioro en la comunicación entre adolescentes y sus familiares, además de una mayor navegación sin acompañamiento adulto.

En cuanto a la colaboración entre plataformas y autoridades, el decreto establece la obligación de conservar durante 90 días las evidencias de incidentes graves y habilitar canales de alerta inmediata con las instancias correspondientes.

Aunque ChildFund México y Save the Children consideraron positivo establecer vías de comunicación directa, alertaron que deben existir protocolos para diferenciar entre situaciones de vulnerabilidad, conflictos entre estudiantes y delitos cometidos por personas adultas.

La preocupación radica en que una respuesta policial o punitiva desproporcionada ante publicaciones realizadas por adolescentes durante una crisis emocional o situaciones de conflicto podría derivar en procesos de criminalización injustificada o en una exposición innecesaria de las personas menores de edad.

La representante de Save the Children señaló que las autoridades y las empresas deben distinguir entre riesgos y delitos para establecer respuestas proporcionales a cada situación. También consideró que un decreto no garantiza por sí mismo mecanismos suficientes de exigibilidad y acceso a la justicia.

Por ello, la organización planteó que la regulación debe evolucionar hacia leyes vinculantes y políticas públicas que incorporen educación para la ciudadanía digital, atención a la salud mental y fortalecimiento de las instituciones encargadas de proteger a niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, ChildFund México cuestionó que la elaboración de la normativa no haya incorporado una consulta previa con las adolescencias, pese a que serán uno de los sectores directamente involucrados en su aplicación. La organización señaló que esta participación es necesaria para cumplir con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente los relacionados con el derecho a expresar opiniones y participar en decisiones que les afectan.

Entre sus propuestas se encuentra realizar una consulta nacional para conocer las experiencias y necesidades de adolescentes y jóvenes, establecer un marco legal que obligue a transparentar el funcionamiento de los algoritmos y crear una mesa técnica permanente con representantes de la academia, sociedad civil, dependencias públicas, empresas tecnológicas e infancias.

Como complemento a las medidas regulatorias, ChildFund México presentó una Guía de acompañamiento para personas cuidadoras en casos de violencia digital contra niñas, niños y adolescentes, dirigida a madres, padres y tutores para identificar riesgos, atender agresiones y fortalecer la seguridad en internet.

El documento recupera datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), según los cuales 80 por ciento de las niñas y los niños se conecta a internet mediante teléfonos celulares y 96 por ciento lo hace desde su hogar. Entre las aplicaciones más utilizadas se encuentran WhatsApp, con 66 por ciento; YouTube, con 55 por ciento, y TikTok, con 49 por ciento.

Asimismo, el reporte OPINNA 2022, denominado Navegación Segura y elaborado por el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), refiere que 53 por ciento de las personas menores de edad encuestadas tenía entre sus seguidores en redes sociales a personas desconocidas, mientras que 12 por ciento había recibido solicitudes de fotografías privadas.

La guía clasifica los riesgos digitales en cuatro categorías: contacto, relacionados con interacciones con desconocidos y posibles casos de suplantación de identidad, extorsión o grooming; contenido, que comprende la exposición a material pornográfico, racista, violento o que promueva el odio; conducta, vinculada con el ciberacoso, la difusión de imágenes íntimas y otras agresiones entre usuarios, y privacidad, relacionada con la exposición de información personal y contraseñas.

También establece diferencias entre las agresiones cometidas entre personas menores de edad y los delitos perpetrados por adultos. Entre los primeros menciona el ciberbullying, la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial y la difusión de material íntimo, mientras que entre los segundos identifica el grooming y la explotación sexual comercial digital, situaciones que requieren atención y denuncia ante las autoridades correspondientes.

En caso de violencia digital, el documento recomienda conservar mensajes, fotografías y registros almacenados en los dispositivos, en lugar de eliminarlos, debido a que pueden constituir evidencia para las investigaciones. También aconseja registrar la edad real al crear cuentas para activar los mecanismos de protección disponibles y utilizar herramientas de control parental para administrar contenidos, tiempos de conexión y descargas.

Entre las medidas preventivas adicionales se encuentran proteger los archivos multimedia mediante cifrado, evitar publicar ubicaciones en tiempo real y no compartir datos personales sensibles de niñas, niños y adolescentes en plataformas abiertas.

Las organizaciones insistieron en que el acceso a internet y a las plataformas digitales también forma parte de los derechos de las infancias, por lo que las medidas de protección deben garantizar condiciones de seguridad sin excluirlas de estos espacios.

Finalmente, Save the Children y ChildFund México señalaron que el decreto deberá complementarse con legislación, supervisión independiente, participación de adolescentes y acciones preventivas para evitar que la regulación se limite a retirar publicaciones, sin atender las causas y consecuencias de la violencia digital.