Astillero
Julio Hernández López
Ayer, en Topolobampo y Los Mochis (en el municipio sinaloense de Ahome) se produjo una variante de lo sucedido con las famosas “consultas indígenas” que el gobierno federal pretende sostener como base de la aprobación de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira.
En esta ocasión, para tratar de obstruir una manifestación convocada en rechazo de tal planta, voceros oficiosos de “Vialidad y Transporte” del municipio de Ahome, según denuncias hechas llegar a esta columna, amenazaron a dueños de vehículos de transporte público y privado para que no contrataran servicios ni ayudaran de manera gratuita a trasladar a la manifestación dominical a pobladores de comunidades que deseaban asistir a la manifestación mencionada, quienes a fin de cuenta llegaron a la cita a pie, en motocicletas, en caballos y en vehículos de propietarios solidarios.
La gobernadora rochista, Yeraldine Bonilla, a su vez, recibió en Culiacán a los gobernadores indígenas de las comunidades que no serían afectadas directamente por la planta de amoniaco, quienes dijeron, según notas muy sincronizadas, que las “consultas” anteriores habían sido libres, sin presiones gubernamentales. Bonilla, a su vez, invitó a las comunidades en protesta a que vayan a Culiacán para recibirlas, atender sus “necesidades” y organizarles pláticas para que “entiendan” las bondades del proyecto.
A pesar de las elevadas temperaturas y en medio de un amplio silenciamiento mediático estatal contra el movimiento “¡Aquí No!”, miles de personas marcharon (también en la Ciudad de México hubo una significativa movilización). Como en las famosas “consultas” del gobierno obradorista, reivindicadas por el claudista, referentes a la planta de amoniaco, a pesar de la manipulación y las amenazas (de muerte, contra los dirigentes y principales activistas), persistió la firme oposición al negocio, de capital suizo y alemán (es importante subrayar la gran responsabilidad del gobierno de Alemania, a través del banco KfW, principal financiador del proyecto), que se va instalando a toda velocidad a pesar del daño evidente al humedal Ramsar, los manglares, la biodiversidad (el delfín Pechocho, convertido en emblema de la lucha), la cultura, tradiciones y forma de vida de pescadores e indígenas.
La citada planta de amoniaco se ha ido construyendo en asentamientos correspondientes a la zona marítimo terrestre federal, es decir, en terrenos públicos, pero una triquiñuela legal (el amparo solicitado por una comunidad propicia para el negocio del amoniaco) ha “impedido” a Semarnat y a Profepa confirmar tal hecho al que, finalmente, buscarían las autoridades imponer una multa y sanseacabó. Lo más grave es que la propia Semarnat, a cargo de Alicia Bárcena, ha litigado contra las comunidades afectadas, pues mediante sendos oficios enviados al juez federal (que con tal sustento sentenció contra la solicitud de amparo de las comunidades afectadas) fijó postura en contra, argumentando que tales comunidades habían presentado su solicitud de amparo de manera extemporánea, aceptando de manera “tácita” los “hechos consumados”, “irreversibles” (al final de este video en TikTok pueden verse los oficios de Semarnat en mención: https://goo.su/GdOf).
La resistencia social a este negocio del amoniaco corre ahora el peligro de la represión. La empresa Proman-GPO anunció la suspensión “temporal y preventiva” de la construcción de la planta, porque “un grupo de personas bloqueó el acceso principal e ingresó indebidamente a la planta de fertilizantes, lo que obligó a suspender labores”, y advirtió que esos hechos tipifican una ocupación ilegal de propiedad privada. También podrían intentar que haya órdenes de aprehensión contra quienes ayer quitaron la bandera de México a las torres de maquinaria alemana que se pretende instalar en la Bahía de Ohuira.
Y, mientras Coahuila se mantiene electoral y gubernamentalmente como el último museo del peor priísmo clásico, ¡hasta mañana!
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