Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 13/08/26 (Más).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un segundo revés procesal al Ayuntamiento de Torreón dentro del litigio que mantiene contra el esquema de fiscalización aplicado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), al declarar infundado el recurso de reclamación 31/2026-CA y confirmar que el Municipio no podrá incorporar una prueba pericial en contabilidad y gasto público a la controversia constitucional que presentó tras un resultado desastroso en la revisión de sus cuentas públicas de 2022 y 2023.
La determinación, aprobada por unanimidad del Pleno, sin embargo, no resuelve todavía el fondo del conflicto en el que Torreón cuestiona disposiciones estatales y actos derivados de la revisión de su Cuenta Pública 2022.
El asunto resuelto el ayer derivó de un acuerdo dictado el 16 de abril por el ministro instructor Giovanni Azael Figueroa Mejía, quien desechó la pericial ofrecida por Torreón.
El Municipio pretendía utilizar a un especialista para acreditar aspectos relacionados con la integración, ejercicio y fiscalización de sus recursos públicos, pero la Corte consideró que ese análisis técnico no es necesario para determinar la constitucionalidad de la actuación de la ASE.
El criterio del ministro instructor fue que lo que deberá confrontarse cuando se dicte la sentencia definitiva son las actuaciones y conclusiones de la Auditoría Superior frente al marco constitucional que protege las facultades municipales. Por ello determinó que la prueba pericial no tendría influencia en la resolución final y ordenó desecharla. El recurso 31/2026-CA buscaba revertir precisamente esa decisión, pero el Pleno confirmó el acuerdo.
Aunque la resolución representa una derrota para Torreón en cuanto a la estrategia probatoria que pretendía utilizar, no significa que la SCJN haya validado las auditorías de la ASE ni que haya declarado constitucionales los actos reclamados.
El recurso apareció en la lista de la sesión dentro de los asuntos de reclamación derivados de la controversia 190/2025 y no como la sentencia definitiva del expediente.
El de ayer no es el primer recurso incidental que pierde el Municipio dentro del mismo expediente. El pasado 3 de junio, el Pleno de la Corte resolvió también por unanimidad el recurso de reclamación 12/2026-CA, promovido por Torreón después de que el ministro instructor rechazó una ampliación de la demanda original.
En aquella ocasión, el Ayuntamiento pretendía ampliar la controversia para incorporar como nuevo acto reclamado la presunta omisión de la ASE de expedir o anexar correctamente el Dictamen Final de Auditoría al Informe Anual de Resultados correspondiente a la Cuenta Pública 2022. La Corte concluyó que esa circunstancia no constituía un hecho nuevo o superveniente, debido a que Torreón ya había planteado desde su demanda original cuestionamientos relacionados con la existencia, entrega e integración de ese dictamen.
La importancia de aquel fallo radica también en lo que la propia Corte dejó expresamente pendiente. El proyecto aprobado aclaró que el rechazo de la ampliación no implicaba determinar si el Dictamen Final efectivamente fue incorporado al Informe Anual conforme a la Constitución de Coahuila y a la Ley de Rendición de Cuentas, ni prejuzgaba sobre su contenido. Esa valoración, señaló, corresponde precisamente a la sentencia de fondo de la controversia 190/2025.
Incluso durante la sesión de junio, el ministro Irving Espinosa Betanzo se apartó de las consideraciones del proyecto que daban por existente y conocido el dictamen final, al sostener que esas cuestiones pertenecen al análisis de fondo y no debían anticiparse al resolver un recurso procesal.
La controversia constitucional 190/2025 fue promovida por Torreón en 2025 y tiene un alcance mucho mayor que los dos recursos resueltos hasta ahora.
El Municipio impugnó el artículo 158, fracción I, de la Constitución Política de Coahuila; el artículo 21, fracciones VI y VIII, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado; el Informe Anual de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, y el Dictamen Final de Auditoría correspondiente a ese ejercicio.
En términos generales, Torreón sostiene que la manera en que se desarrolló la fiscalización estatal produjo una afectación a sus facultades constitucionales y ha planteado que existieron excesos de la ASE que vulneraron los principios de autonomía municipal y división de poderes, protegidos por los artículos 115 y 116 de la Constitución federal.
También ha cuestionado el cumplimiento de las formalidades con las que el dictamen final debía formar parte del Informe de Resultados de la fiscalización. Ese es el asunto que todavía deberá resolver la Suprema Corte.
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