Ciudad de México, 17/07/25 (Más).- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el nombramiento de Mauricio Pazarán como nuevo fiscal responsable del caso Ayotzinapa y adelantó que se implementarán nuevas líneas de investigación en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida en septiembre de 2014.
De acuerdo con la mandataria, estas nuevas pesquisas se realizarán a partir de análisis científicos, de llamadas telefónicas y de algunos otros datos que están en las carpetas de investigación y que no se profundizó lo suficiente en todos estos años.
Pazarán sustituye a Rosendo Gómez Piedra, quien encabezó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa desde 2022. En los últimos meses, la gestión de Gómez Piedra fue objeto de tensiones internas dentro de la Fiscalía General de la República, con denuncias en su contra por parte de trabajadores que lo señalaron por peculado, extorsión y otras irregularidades administrativas. Gómez Piedra calificó dichas acusaciones como falsas y atribuyó su origen a una “venganza” por el despido de dos empleados, a quienes acusó de sustraer información sensible.

Sheinbaum indicó que la salida del anterior fiscal fue una decisión voluntaria. “Él renunció, él decidió renunciar”, afirmó.
La presidenta también mencionó que dicha salida respondió a solicitudes hechas por los familiares de los estudiantes desaparecidos. “Incluso ya habían pedido que el fiscal no permaneciera”, señaló. Agregó que Gómez Piedra concluyó una etapa y optó por retirarse, mientras que su reemplazo ya forma parte del equipo desde hace meses y ha sostenido al menos dos reuniones con los familiares.
El nuevo fiscal, de acuerdo con la información proporcionada por la presidenta, ya está familiarizado con el caso y cuenta con respaldo técnico para asumir la responsabilidad del expediente.
Aunque su nombramiento oficial sigue en trámite, Pazarán ya se encuentra a cargo del seguimiento de la investigación. Sheinbaum destacó que cualquier avance será compartido, primero con los familiares de los desaparecidos, y posteriormente con la ciudadanía. “En cuanto haya resultados, obviamente, se le informará, después de informarle a los familiares, a todo el país”, afirmó.
En el contexto reciente del caso, el asesinato de Patricio Reyes Landa, alias ‘Pato’, quien fungía como testigo colaborador de la Fiscalía, marcó un nuevo episodio de violencia relacionado con la investigación. Reyes Landa fue señalado como uno de los participantes en la desaparición de los estudiantes, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Su muerte ocurrió hace un mes, en circunstancias que no han sido aclaradas por las autoridades.
El caso también registró otro giro en mayo con la detención de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Según la acusación oficial, la funcionaria participó en la desaparición de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, lugar vinculado con el secuestro de los normalistas. Esta acción habría sido clave en la obstrucción de la investigación desde sus primeras etapas.
Desde hace más de una década, el caso Ayotzinapa ha estado rodeado por la impunidad y múltiples versiones contradictorias. A lo largo de los años, distintos actores institucionales y gubernamentales han sido señalados por encubrir a los responsables o distorsionar los hechos. Organizaciones civiles, colectivos de familiares y organismos internacionales han criticado la falta de esclarecimiento del caso y la lentitud de los procesos judiciales.
Con el relevo en la Unidad Especial, el gobierno federal se propone dar un giro a la estrategia de investigación, reforzando el uso de evidencia científica y tecnológica, así como reexaminando elementos previos que no fueron investigados con profundidad. La mandataria no ofreció detalles sobre plazos para los resultados, aunque reiteró el compromiso de mantener informados a los familiares y a la opinión pública. El nuevo responsable de la Unidad Especial enfrenta un contexto de alta presión política, social y mediática, en un expediente que ha sido emblemático en la exigencia de justicia y transparencia. Hasta el momento, no se han anunciado nuevas detenciones ni avances sustanciales en la localización de los estudiantes.
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