Redacción Más / IA
El pasado fin de semana, la liberación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa generó controversia. La jueza a cargo determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes para mantener la prisión preventiva.
En respuesta, el Gobierno federal criticó la decisión, acusando al Poder Judicial de motivaciones políticas. Anunciaron la solicitud de nuevas órdenes de aprehensión contra los militares para preservar la investigación. La información fue publicada por la agencia Animal Político.
El Consejo de la Judicatura Federal explicó que la liberación se debió a que la FGR no impugnó una suspensión que ordenaba una audiencia de revisión de medida cautelar. Los ocho militares, detenidos en 2023 por desaparición forzada, enfrentan proceso en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México.
En lugar de prisión preventiva oficiosa, la jueza impuso medidas cautelares, como presentación periódica, garantía económica, prohibición de salida del país, de acercarse a Guerrero y de comunicarse con víctimas o testigos protegidos.
Este 23 de enero, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, reveló una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador dirigida a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. En la carta, se advierte del riesgo de modificar las medidas cautelares y se destaca la trascendencia del caso para el Estado mexicano.
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez lamentó la liberación de los militares, señalando que el caso Ayotzinapa se está «derrumbando». Mientras tanto, la FGR acusó a magistrados de otorgar «ventajas indebidas» a los acusados y anunció la presentación de recursos para garantizar los derechos y seguridad de las víctimas.
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